Violencia, acoso y persecución sindical en el sistema público de salud

En las últimas semanas hemos visto cómo se han multiplicado las denuncias por violencia, acoso, abuso y persecución sindical contra trabajadoras y trabajadores de la salud en distintas regiones del país. No hablamos de hechos aislados ni de “malentendidos”, sino que de un patrón que apunta a quebrar la dignidad laboral y por consecuencia, afectar, la calidad de la atención que recibe la ciudadanía. Cuando un equipo de salud trabaja con miedo la salud pública se resiente.

Hasta el momento nos han dicho que estos problemas se resuelven con “buena convivencia”, pero eso no alcanza. La experiencia acumulada en hospitales y servicios de salud desde Arica a Magallanes demuestra que mientras no existan reglas claras, fiscalización efectiva y consecuencias reales para quienes abusan de su poder, la violencia laboral se naturaliza en los recintos de salud. Más aún cuando la institucionalidad mira hacia el lado, cómo ha sido la práctica habitual de la ministra Ximena Aguilera y el subsecretario Bernardo Martorell.

No podemos naturalizar que colegas lleguen al extremo de una huelga de hambre —como lo que ocurrió hace unos días en el Hospital de Rancagua— para que se les escuche. No podemos aceptar que la salida para otras y otros haya sido el suicidio. La “Ley Karin” y el Convenio 190 de la OIT no son consignas; son obligaciones que deben vivirse en cada turno, en cada servicio, en cada oficina de dirección.

Aquí hay responsabilidades políticas y administrativas que deben asumirse. El Ministerio de Salud ha recibido, de parte de la Confederación Fenats Nacional y de numerosas organizaciones, informes, antecedentes, testimonios y propuestas para detener los hechos de violencia en servicios y recintos hospitalarios.

Ha habido mesas, oficios y reuniones. ¿Qué falta para pasar del saludo a la bandera a las soluciones que cambien la realidad en los establecimientos? No basta con circulares bien redactadas; se requiere conducción, plazos y presupuesto; se requiere corregir una cultura jerárquica que, demasiadas veces, ampara el maltrato tras la retórica del “liderazgo exigente”.

Denunciar no es “politizar” los hospitales, todo lo contrario, es cuidarlos. Pero quién silencia o minimiza el acoso protege al abusador, no a la institución. Y quien persigue a dirigentes sindicales por ejercer su rol atenta contra el derecho a organizarse, piedra angular de cualquier sistema que pretenda llamarse público y digno.

Hace falta voluntad política y administrativa para avanzar en medidas concretas y urgentes. La implementación real de la Ley Karin y del Convenio 190 de la OIT no puede seguir siendo un saludo a la bandera: deben traducirse en protocolos claros y estandarizados, con canales de denuncia seguros, independientes y con resguardo para quienes se atreven a denunciar. Estos procesos tienen que estar acompañados de medidas cautelares inmediatas que protejan a las víctimas y que aparten a quienes son denunciados de toda relación de poder mientras se investigan los hechos.

Además, la gestión de estas denuncias no puede seguir en un limbo sin retorno. Se necesitan plazos perentorios, trazabilidad pública de cada etapa y sanciones concretas para los directivos que incumplen o dilatan los procedimientos. La transparencia debe convertirse en una regla y no en una excepción.

En paralelo se debe instalar un enfoque de salud mental como derecho laboral. Las y los trabajadores de la salud estamos sometidos a una presión enorme y, sin programas de apoyo psicológico oportuno, terminamos cargando solos con el desgaste. Debemos garantizar espacios de contención, acompañamiento especializado y condiciones laborales que eviten que el agotamiento y la violencia se normalicen como parte del trabajo cotidiano.

Nada de esto será posible sin una transformación en el estilo de liderazgo que impera en los hospitales y servicios. Las jefaturas deben asumir que dirigir no significa ejercer la autoridad desde el maltrato. Y quienes incurran en acoso o abuso deben quedar inhabilitados para ejercer cargos de responsabilidad.

Finalmente, la persecución sindical debe terminar. La utilización de sumarios como castigo contra dirigentes no solo vulnera derechos fundamentales sino que son una práctica de amedrentamiento de la labor como representantes de las y los trabajadores. El ministerio de Salud debe enviar una señal clara: la organización sindical no es una amenaza, es una herramienta de cuidado institucional.

No queremos más homenajes póstumos ni huelgas de hambre para ser escuchados. Queremos protocolos que se apliquen, jefaturas que respondan y un Ministerio que gobierne. Porque sin trabajadores respetados, no hay salud pública posible.