La educación es la herramienta más poderosa de movilidad social y progreso colectivo. No puede seguir siendo una deuda interminable ni una trampa financiera.

La discusión sobre el nuevo Fondo de Financiamiento de la Educación Superior (FES) abre una oportunidad que el país no puede desaprovechar: dejar atrás un modelo que convirtió el acceso a la educación en un negocio bancario y avanzar hacia un sistema justo, solidario y administrado por el Estado.

Hoy miles de familias chilenas soportan una carga desproporcionada para costear los estudios de sus hijos. Un ejemplo lo grafica con claridad: una persona que recibe un millón de pesos mensuales destina actualmente $140.000 al pago de su deuda educativa, es decir, el 14% de su ingreso. Con el nuevo mecanismo, esa misma persona pagará $40.000, apenas un 4%. La diferencia no es solo un alivio en el presupuesto del hogar; es también una señal de dignidad y de justicia social.

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Lo que está en juego no es únicamente un cálculo financiero, sino la definición de la educación como un derecho. Que sea el Estado y no los bancos quien administre el financiamiento implica poner fin a un modelo basado en el lucro. La banca no entregaba recursos sin costos adicionales; lo hacía cobrando intereses y utilidades que pesaban sobre las familias durante años. Con el FES se elimina esa carga y se restituye la educación como un bien público, accesible para todos y todas.

El proyecto contempla, además, que quienes perciban ingresos de hasta $500.000 mensuales queden exentos de pago. Esa disposición es fundamental porque reconoce la realidad de miles de familias que no pueden destinar parte de su sueldo a saldar deudas, y que requieren que el Estado asuma su rol protector.

Algunos han planteado dudas sobre la viabilidad de este sistema. Frente a ello, lo importante es subrayar que se trata de una política de responsabilidad social: aliviar la deuda educativa es fortalecer a la clase media y trabajadora, ampliar oportunidades y reducir desigualdades. Es un paso indispensable en un país que aún arrastra brechas estructurales en el acceso a la educación superior.

En el Senado, los votos oficialistas están comprometidos. Falta persuadir a algunos senadores de oposición para que respalden un proyecto que no distingue entre colores políticos, porque su impacto beneficiará a millones de chilenos. La pregunta que deben responder es simple: ¿vamos a seguir defendiendo el lucro de la banca o vamos a ponernos del lado de las familias?

La educación es la herramienta más poderosa de movilidad social y progreso colectivo. No puede seguir siendo una deuda interminable ni una trampa financiera. El FES es un avance en la dirección correcta, porque reafirma que estudiar no es un privilegio: es un derecho que el Estado debe garantizar.