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A veces, las soluciones bienintencionadas, pero ingenuas o derechamente maximalistas, se diseñan desde oficinas en Santiago, sin suficiente conocimiento ni vinculación con las realidades regionales, que también conforman el país, porque “Todo Chile es Chile”.
El proyecto de ley que modifica el artículo 27 bis de la Ley N° 20.129 tiene un objetivo específico: hacer viables las condiciones de ingreso a las carreras y programas de pedagogía a lo largo del país. No se propone, ni ha pretendido nunca, resolver la totalidad de los desafíos estructurales del sistema de formación docente, tales como: la inserción laboral, la formación continua, las condiciones de retribución o los mecanismos de evaluación profesional, entre otras muy relevantes.
Ciertamente, estas problemáticas, de gran complejidad, requieren una discusión seria, basada en evidencia, conocimiento profundo del sistema educativo y una comprensión territorialmente situada del impacto de las políticas públicas. Lo anterior, en un marco en el cual el advenimiento de la era de la inteligencia artificial conducirá por derroteros antes inimaginables, por lo que la mirada debe ser mirando el futuro más que el pasado.
El impacto de elevar puntajes de ingreso sin evidencia clara
En ese contexto, existe un amplio consenso en cuanto a la necesidad de contar con mejores profesores y, a su vez, es necesaria una mayor dotación docente en determinadas zonas y áreas prioritarias o específicas. ¿Quién podría estar en desacuerdo con esto? Probablemente nadie. Si este es un objetivo plausible, entonces surge una interrogante fundamental: ¿elevar los puntajes de ingreso garantiza automáticamente una mejora en la calidad de los profesores y una cobertura suficiente en las zonas donde ya existe escasez?
La respuesta, a la luz de la evidencia disponible, es negativa. No existe sustento empírico sólido que permita afirmar que un alza en los puntajes, dentro de los márgenes propuestos, redunde en una mejor calidad de los profesores y en un subsecuente mejor ejercicio profesional. Subir los puntajes de ingresos, no trata, por tanto, de una medida con efectos garantizados en la calidad, sino más bien de un gesto eventualmente simbólico, es decir, una suerte de muestra de la preocupación genuina que existe por las pedagogías en Chile.
Un símbolo que, sin embargo, tendría consecuencias concretas y costosas: según estimaciones fundadas, el efecto inmediato de este cambio sería una disminución del 38% en la matrícula en pedagogía a nivel nacional, alcanzando hasta un 50% en algunas regiones del país. Este escenario plantea al menos dos consecuencias relevantes y altamente dañinas:
Conviene preguntarse con realismo: ¿qué universidad regional podría sostener, con estándares de calidad exigentes, una carrera de pedagogía con tres o cinco estudiantes nuevos por año? La respuesta es evidente. Muchas de estas carreras cerrarían o reducirían significativamente sus condiciones de operación. Y, una vez más, las regiones pagarían el precio de decisiones adoptadas sin que aparezca como evidente un análisis riguroso de sus implicancias territoriales. La formación docente no puede concebirse como una cuestión abstracta o técnica, ajena a los contextos locales, sino como un componente esencial del desarrollo regional.
Reducir en promedio un 38% la matrícula en pedagogía, y hasta un 50% en algunos territorios, no es una cifra inocua ni reversible. Las consecuencias institucionales de una política pública de este tipo son profundas. Y es legítimo cuestionar si quienes impulsan este tipo de reformas comprenden plenamente sus efectos más allá del nivel central.
A veces, las soluciones bienintencionadas, pero ingenuas o derechamente maximalistas, se diseñan desde oficinas en Santiago, sin suficiente conocimiento ni vinculación con las realidades regionales, que también conforman el país, porque “Todo Chile es Chile”.
Requisitos de ingreso a pedagogías: realismo en lugar de irrealismo
Como ha señalado el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), “la realidad es clara: sin una normativa que permita un ingreso equilibrado, flexible y acorde a las necesidades regionales y disciplinarias, el país enfrentará una reducción drástica en la formación de docentes, con impactos negativos para la calidad y equidad educativa. Esto afectará no solo la cobertura, sino también la calidad de la educación obligatoria y la formación de futuros profesionales que deben responder a los desafíos globales y locales”.
Realismo en lugar de irrealismo, gradualidad en lugar de maximalismo parecen ser opciones prudentes y razonables cuando se enfrentan temas de gran complejidad. Las exigencias de ingreso a las pedagogías pueden y deben aumentar con realismo y gradualismo, en fases sucesivas, con datos de todos los impactos, equilibrando todas las variables en juego. Hoy por hoy, los datos en la realidad objetiva muestran que los costos de la medida son inmensamente mayores a eventuales beneficios.
Simplificar el problema sosteniendo que las universidades apoyan la gradualidad porque no quieren perder estudiantes, es una perspectiva intelectualmente mezquina. Reducir el número de estudiantes tiene costos muy graves y quienes lo habrán de pagar serán las familias de menores recursos, principalmente en las regiones del país. Fragmentación e inequidad, destrucción de las capacidades de las universidades para formar profesores, daño al desarrollo territorial, son algunas de las dimensiones que deben ponderarse con ecuanimidad.
La decisión final corresponde al Congreso Nacional
Esperamos que dicha deliberación se base en antecedentes fundados, diagnósticos precisos e integrales, y una mirada desde una perspectiva territorial de largo plazo.
Cualquiera sea el desenlace legislativo, los efectos serán evidentes en el muy corto plazo y la realidad mostrará las consecuencias de apuntar en una u otra dirección.
