Seguridad municipal: el límite entre el uso de la fuerza y la tortura

Hace unos días circuló un video en que dos funcionarios de seguridad municipal propinan una brutal golpiza a una persona, quien, durante la grabación, permanece en posición fetal, sin ningún tipo de resistencia. En el video de poco más de un minuto se contabilizan a lo menos 27 golpes de bastón y 3 golpes propinados con un tronco, mientras se profieren amenazas de muerte y se le interroga sobre un hecho pasado.

Todas las fuerzas de orden y seguridad están obligadas a seguir ciertas reglas y principios para la utilización de armas letales y menos letales. Son todos principios razonables y necesarios, deben ser ajustados a legalidad, proporcionalidad, necesidad y precaución.

Protocolos con enfoque en los Derechos Humanos

El uso legítimo de la fuerza está permitido, pero tiene límites: ¿por qué los inspectores municipales no deberían respetarlos? Las policías lo incorporan a través de procesos formativos, de capacitación, entrenamientos, definiciones precisas y claras a través de protocolos conocidos por los funcionarios, los que están también sujetos a normas de transparencia y rendición de cuentas.

La capacitación debe enfatizar que incluso en el uso de armas menos letales se debe mantener un enfoque de derechos humanos. Las recientes imágenes de inspectores municipales golpeando de manera reiterada y violenta a una persona que no se resiste no tiene justificación alguna, es un acto constitutivo de tortura, su actuar excede las funciones preventivas para las que está facultado, generando un riesgo mayor para la ciudadanía.

Nos preocupa como Comité para la Prevención de la Tortura de Chile que la normativa, capacitación, formación y protocolos ajustados a estándares internacionales de derechos humanos para el uso de la fuerza de parte de inspectores municipales se esté realizando conforme a derecho.

Instamos a la Municipalidad de Viña del Mar a revisar estos preceptos, y ofrecemos nuestra colaboración a la asociación chilena de municipalidades para realizar un trabajo conjunto orientado a implementarlo en todos los municipios de Chile, para evitar que se repitan este tipo de actuaciones totalmente inaceptables.