Squella y cuando la retórica destruye la democracia

Las recientes declaraciones de Arturo Squella, líder del Partido Republicano, sobre José Antonio Kast revelan un preocupante menosprecio por los principios fundamentales del Estado de Derecho.

Sus palabras, que sugieren una disposición a ser “perseguido por organismos internacionales” para hacer “seguro” el país, representan más que una simple hipérbole política: son un síntoma alarmante de la fragilidad institucional.

Cuando un líder político naturaliza la posibilidad de transgredir normas internacionales de derechos humanos, está cavando un peligroso socavón en los cimientos de la institucionalidad democrática. La legislación chilena es cristalina en este punto: ninguna autoridad está por encima de la ley.

Lo preocupante de los dichos de Squella

La Ley 20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad, establece con meridiana claridad que los actos sistemáticos contra la población civil son imprescriptibles. El Decreto 808, que promulga la Convención contra la Tortura, es aún más categórico: no existen circunstancias excepcionales que justifiquen violaciones a los derechos humanos.

Lo verdaderamente preocupante no son solo las declaraciones en sí, sino la normalización de un discurso que sugiere que la seguridad puede justificar la transgresión de derechos fundamentales. La Ley 20.968, que perfecciona la tipificación de delitos de tortura, establece penas que van desde presidio menor hasta presidio perpetuo para funcionarios públicos que abusen de su poder.

Estas leyes no son meras declaraciones abstractas. Son salvaguardas concretas diseñadas para proteger a la ciudadanía de potenciales abusos, independientemente de quién los cometa.

La ligereza con la que se plantea la posibilidad de ser “perseguido” por organismos internacionales revela un profundo desconocimiento —o desprecio— por el sistema internacional de protección de derechos humanos. No se trata de una amenaza, sino de un mecanismo de última ratio para proteger a las personas cuando los sistemas nacionales fallan.

Un riesgo para la convivencia democrática

Chile, que ha sido históricamente ejemplo de reconciliación tras períodos de grave vulneración de derechos humanos, no puede permitirse retroceder en el camino de la construcción institucional.

Las declaraciones de Squella no son un asunto menor. Representan un riesgo para la convivencia democrática y la vigencia del Estado de Derecho. La seguridad no se construye mediante la amenaza o la potencial vulneración de derechos, sino a través del fortalecimiento institucional, respeto irrestricto a las libertades fundamentales y un compromiso inquebrantable con la dignidad humana.

Los líderes políticos tienen la obligación ética y jurídica de preservar, no de erosionar, los principios que sostienen nuestra democracia.