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La ley contempla penas de hasta 15 años y medidas intrusivas autorizadas por el juez. Esta normativa incluye una Estrategia Nacional de Prevención y Combate contra las Conductas Terroristas, siendo un logro tras 13 años de espera y destacando el trabajo conjunto para fortalecer la seguridad en Chile.
El martes 04 de febrero, el Presidente Gabriel Boric promulgó la nueva ley antiterrorista, una moción que presentamos junto a otros senadores y que fue respaldada decididamente por el Gobierno.
Esta nueva legislación viene a modernizar normas que buscaban combatir el terrorismo, pero que nacieron en dictadura, por lo que no tenían legitimidad democrática ni las herramientas investigativas y de persecución judicial que hoy son necesarias.
El precepto legal recién aprobado establece delitos que se castigarán como actos terroristas. Y pese a la oposición de algunos, los organismos judiciales y policiales podrán usar la última tecnología en interceptaciones informáticas contra la violencia, el terror y el crimen organizado, tal como lo propusimos en nuestra iniciativa.
Por otro lado, ya no se requerirá probar el ánimo terrorista ni tampoco será excesivamente complejo de acreditarlo. Permite perseguir y sancionar a integrantes de una asociación terrorista solo por el hecho de pertenecer al grupo.
Se necesita combatir los delitos violentos
Estamos hablando de una ley con estándares modernos, que será posible aplicar y condenar con penas que van desde los 5 años y un día hasta los 15 años a quienes cometan estas transgresiones.
Y contempla medidas intrusivas, autorizadas por el juez, que permiten el uso de los sistemas más modernos con que cuenta la persecución criminal.
Nuestra iniciativa incluyó todos los elementos que hoy se necesitan para combatir los delitos violentos.
Si analizamos cifras, de las cerca de mil querellas presentadas por los respectivos gobiernos entre 2016 y 2021 en las regiones de La Araucanía y el Biobío, menos de 600 exponen los ataques ocurridos como consecuencia de la denominada violencia rural. Y las condenas logradas son muy escasas.
Esas zonas son blanco de ataques armados, atentados incendiarios y robos violentos.
Aunque el balance de la Delegación Presidencial de La Araucanía del primer semestre de 2024 arrojó una baja de 44% en todos los hechos relacionados con la violencia rural y una disminución de 55,8% en atentados incendiarios en la región respecto del año anterior, hay otros antecedentes que fueron necesarios tener en cuenta.
Según el último Índice Global de Terrorismo presentado por el Instituto de Economía y Paz (IEP), Chile ocupa el segundo lugar entre los países más afectados por el terrorismo en América Latina.
“Más del 78% de los ataques son perpetrados en la Araucanía y además están vinculados con el conflicto mapuche”, señala el informe.
Por eso que era imperativo aprobar una nueva legislación: fuerte, sustentada en criterios técnicos de última generación y que fuera aprobada en un breve plazo.
Era urgente contar con los elementos legales para combatir el secuestro o sustracción de niños, niñas y adolescentes; homicidios o lesiones, incendios o estragos con peligros para las personas; ataques con artefactos explosivos, entre otros atentados.
13 años de espera
Esta es una ley con estándares internacionales de un Estado democrático de derecho y de una democracia en forma, como es el caso de Chile. Por ello, a partir de ahora será posible aplicar y castigar drásticamente a quienes los cometan, con una herramienta donde se usaron referentes como las legislaciones que aplican España, Alemania y Estados Unidos.
Una vez que entre en plena vigencia, el Ministerio de Seguridad Pública tendrá la facultad de querellarse por estas acciones delictivas.
Además, tendrá la obligación de proponer al Presidente de la República una Estrategia Nacional de Prevención y Combate contra las Conductas Terroristas, que también deberá incluir una propuesta de reparación a víctimas.
Fueron 13 años los que demoramos en sacar adelante esta propuesta legislativa, que derogó la ley que entró en vigencia en 1984. Y es justo destacar el trabajo transversal que permitió despachar nuestra iniciativa en un plazo de 14 meses.
Ese es el espíritu que necesita Chile para proteger a sus ciudadanos y combatir este temido flagelo que golpea especialmente a La Araucanía: unidad y trabajo decidido para fortalecer a nuestra legislación y a nuestras policías.
