A dos años de guerra en Ucrania, donde aún no terminan las hostilidades, se sigue desarrollando la Reforma Agraria, impulsada desde Julio de 2021 por el gobierno de ese país.
El levantamiento de la moratoria sobre la venta de las tierras agrícolas, permitieron a ciudadanos y compañías extranjeras el derecho de adquirir terrenos de hasta 100 hectáreas.
El gobierno de Volodimir Zelenski ha comenzado a desarrollar la segunda etapa de la Reforma Agraria (enero de 2024), permitiendo que inversores extranjeros puedan comprar hasta 10 mil hectáreas de tierra. Esto ha provocado grandes críticas, principalmente de los agricultores.
Sostienen que, el estar buena parte del territorio en manos de ciudadanos y empresas extranjeras, (EE. UU, Israel, Polonia e Inglaterra, entre otros), puede provocar la incertidumbre sobre el futuro del Estado, su integridad territorial y los intereses de la gente común, ya que la agricultura juega un papel importante en la economía de Ucrania.
Lo anterior podría conducir a la reducción de la agricultura, lo que significaría pérdida de puestos de trabajo, desplazamiento de la población de sus lugares tradicionales, deterioro económico y un descontrol del Estado hacia el manejo del suelo.
Los inversores extranjeros ven sus ventajas y sus beneficios económicos, pero tales transacciones pueden engendrar una serie de consecuencias peligrosas para el país.
Otro de los problemas centrales, sería la pérdida del control sobre los recursos estratégicos estatales. La tierra no sólo tiene un valor histórico y cultural, sino también es el factor más importante de la producción, que tiene relación directa con la economía nacional y la garantía de la seguridad alimentaria del país.
Como resultado de la compra activa de la tierra por empresas y ciudadanos extranjeros, surge el peligro de perder el control de estos recursos, alteraciones en la esfera del transporte y de la logística del país.
Graves consecuencias económicas y sociales
La mayoría de los críticos de esta segunda fase de la reforma agraria, que permite la venta de los terrenos a extranjeros, subraya la necesidad de establecer mecanismos de control y restricciones estrictas para defender los intereses del país. Según la opinión de estos detractores, la compra de tierras por extranjeros puede llevar a la desintegración de la sociedad ucraniana.
La Reforma Agraria de Ucrania no debería orientarse en la satisfacción de intereses extranjeros, sino en contribuir a que las tierras pasen a manos de Ucranianos y que esto permita desarrollar el país. La venta de la tierra a empresas y ciudadanos extranjeros puede provocar graves problemas económicos y sociales, así como el fortalecimiento de la influencia de otros estados en los intereses de Ucrania.
Igualmente importante es la desigualdad social como resultado de la compra de tierras por parte de los ciudadanos y empresas extranjeras.
Muy a menudo, estas transacciones se realizan mediante la inversión de grandes capitales, lo que hace accesible el proceso de compra de la tierra sólo por inversores adinerados.
Esto crea condiciones desiguales para los granjeros y agricultores pequeños de Ucrania, que en esta situación pierden su competitividad y pueden llegar a perder los medios de subsistencia. Por lo tanto, el proceso de compra de la tierra por parte de los extranjeros puede agravar los problemas sociales y provocar consecuencias negativas para la población del país.
En conclusión, la compra de tierras en Ucrania por las empresas extranjeras amenaza a la independencia política y a la seguridad nacional del estado.
El gobierno de Ucrania debe crear mecanismos necesarios que permitan conservar la tierra y utilizarla protegiendo los intereses nacionales. El control de los recursos estratégicos debe permanecer en manos de la población para garantizar la soberanía y el futuro del país.
