Definitivamente estamos en presencia de una coalición (FA-PC) que no está a favor de los temas de seguridad. Votan en contra de la ampliación de los Estados de excepción, necesarios y fundamentales en la macro zona sur; legislaron en contra de la Ley Nain-Retamal, que Chile entero aplaudió, pues dota a nuestras policías de mejores herramientas para resguardarse del crimen organizado; y ahora en un acto absolutamente incomprensible, votan en contra de la ley de usurpaciones, que lo único que busca es proteger a las familias que han sido víctimas de “las tomas de sus propiedades”.
Es cierto, hace 50 años, muchas de nuestras ciudades se estructuraron en base a “usurpaciones”. La migración campo-ciudad, las pésimas condiciones de vida en centros poblados, la carencia de políticas públicas que pudieran atender las grandes demandas habitacionales, en parte justificaron dicho accionar. No obstante, hoy bajo ningún punto de vista podemos justificar “la toma de una propiedad”, pues no solo atenta contra el estado de derecho, sino que viola aspectos consagrados constitucionalmente, como el derecho a la propiedad.
Un responsable actuar en política nos obliga a promocionar todas las acciones legales que conduzcan a una familia a la casa propia. Quienes “se toman terrenos”, pretenden ante nada pasar sobre miles de familias que por años organizadamente han conformado sus comités para acceder a la vivienda. El Minvu tiene una amalgama de programas dirigidos a satisfacer estas necesidades. El programa DS 49 (vivienda sin deuda) es quizás uno de los programas mas importantes en la materia, en el continente, pues ha permitido que miles de familias de nuestro país accedan al anhelado sueño de la casa propia. Una política habitacional robusta, que debemos seguir fortaleciendo, con mas recursos para adquisición de terrenos, factibilidades de agua potable y alcantarillado y por cierto, conjuntos habitacionales.
La semana recién pasada, respaldamos como lo hemos siempre en este gobierno, la nueva ley de usurpaciones presentada por el ejecutivo. Esta ley penalizará inclusive con cárcel a quienes cometan el delito de apropiarse indebidamente de un sitio, terreno o espacio físico perteneciente a un particular o al propio Estado. Es decir pasamos de una simple multa como es en la actualidad a penas hasta de privación de libertad.
La flagrancia (entendida esta, como cuando el agente es sorprendido en el momento en el que se comete el hecho punible, o cuando acaba de cometerlo) pasa de las actuales solo 12 horas que estipula la actual legislación, en el caso de una usurpación, a convertirse en un delito permanente. Es decir Ud. se da cuenta por ejemplo, una semana o un mes después que su propiedad ha sido “usurpada” y se considera este como un “delito flagrante”. Lo anterior es un cambio sustantivo y de enorme trascendencia en la ley.
Pese a todo lo anterior y a que transversalmente (excepto FA-PC) el Senado respaldó la ley expresando su clara posición en cuanto a penalizar mas gravosamente las usurpaciones; a que expresó amplio acuerdo a que la flagrancia sea permanente y que los campamentos catastrados actualmente en el país, quedan exentos de ser sancionados por esta ley, hubo dos hechos que simplemente han puesto en riesgo la puesta en marcha de esta iniciativa previo a su promulgación.
Por un lado, la derecha ha establecido en la misma legislación, la figura de la “legítima defensa privilegiada”, que no es otra cosa que permitir posibles enfrentamientos entre civiles. Esta figura establece que el propietario de un bien usurpado pueda por sus propios medios pretender recuperar su propiedad o contratando a terceros para tales efectos.
Es este sin duda un retroceso civilizatorio que no podemos permitir. Por ello, estamos convencidos que el veto a la ley anunciado por el Presidente, debe ser exclusivamente sobre este articulado y no sobre la ley en su conjunto, que es sin duda, una buena y necesaria ley para Chile.
Por otro lado, finalizar señalando que es incomprensible, que los sectores políticos que llegaron con el Presidente Boric al poder, es decir el FA y el PC, terminen boicoteando de manera reiterada y sistemática, toda iniciativa presentada por el ejecutivo en el ámbito de seguridad. Anclados en el pasado, les molesta que los militares salgan a las calles a proteger la seguridad de la población, no visualizando que es la propia ciudadanía es la que lo ha exigido ante las olas de terrorismo que ponen en riesgo la vida de las personas en la macrozona sur; les incomoda que dotemos a nuestras policías de mas y mejores herramientas para combatir la delincuencia; son contrarios a cualquier ley que proteja de mejor manera la propiedad de las personas ante la arremetida de grupos que han tomado como deporte nacional, usurpar terrenos, con fines en muchos casos estrictamente mercantiles.
Es hora de que dejemos de lado “las ideologías fanáticas” y pensemos en el bien de Chile. Toda ley que proteja de mejor manera la vida y el entorno de nuestras familias debemos respaldarla. La ley de usurpaciones (sin la legitima defensa privilegiada) es una buena ley para el país. Y quienes se niegan a respaldarla, simplemente demuestran que hacen prevalecer sus ideologías de antaño, por sobre los intereses del país y sus millones de habitantes.
