El Tribunal Constitucional (TC) suspendió el juicio que se lleva a cabo en el 20° Juzgado Civil de Santiago en el marco de la demanda de la inmobiliaria San Valentino SpA, que busca el pago del municipio de Santiago por la compraventa de la exclínica Sierra Bella.
Recordemos que San Valentino busca el pago de los más de $8.200 millones en el marco de una disputa que se ha extendido por mucho tiempo y que la municipalidad, encabezada por Mario Desbordes, busca evitar.
La suspensión, según indica La Tercera, se extenderá mientras hay un pronunciamiento sobre un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por Raúl Toro, del estudio jurídico Carrasco, Toro & Cía., en representación del municipio de Santiago.
Cabe recordar que el conflicto se originó en la administración de la exalcaldesa Irací Hassler, gestión que decidió adquirir el inmueble por $8.252.873.341. Sin embargo, este proceso fue detenido tras detectarse un sobreprecio en el proceso.
Luego, vía judicial, la inmobiliaria logró que se inscribiera en el Conservador de Bienes Raíces la adquisición de dicho recinto por parte de la municipalidad.
Luego de la inscripción, San Valentino SpA recurrió a la justicia para exigir el pago y, como el municipio pasa por una crisis financiera, en tribunales se decretó un embargo.
Por su lado, la Municipalidad de Santiago interpuso un incidente de exclusión de embargo sobre los fondos de una cuenta corriente del banco Scotiabank. Este fue acogido por el 20° Juzgado Civil.
A inicios de este año se dio a conocer que la inmobiliaria presentó un reclamo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, acusando irregularidades en el 20° Juzgado Civil, que “perjudican la credibilidad” del proceso.
La suspensión del juicio sobre pago de la compraventa de la exclínica Sierra Bella
Durante el proceso judicial, el municipio ha enfrentado la aplicación de un artículo del Código de Procedimiento Civil que inhabilita para declarar como testigos a los trabajadores dependientes de la persona que exige su testimonio y excluye a los funcionarios municipales que conocieron el proceso de compraventa de la propiedad.
En el caso del municipio, el 2 de febrero, el municipio presentó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo.
El miércoles 11 de febrero, la Segunda Sala del TC acogió a trámite el requerimiento y dispuso que se suspendiera el procedimiento hasta el examen de admisibilidad del requerimiento.
“Para resolver acerca de la admisibilidad del requerimiento, confiérase traslado a las demás partes de la gestión invocada por el término de diez días“, señala el TC en la resolución.
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