La tobillera apagada: cómo se perdió la pista de imputado en denuncia de VIF de alto riesgo

En mayo de 2024, una mujer se sentó frente a funcionarios del sistema judicial y contó cinco años. Cinco años de agresiones físicas, psicológicas y sexuales. De amenazas de muerte. De control. Su pareja era mexicano, llevaban años juntos en Chile, y ella decidió denunciar.

El caso fue evaluado de inmediato como de alto riesgo. Se decretaron medidas cautelares: prohibición de acercamiento y monitoreo telemático. Una tobillera. El mecanismo que, en teoría, permitiría saber dónde estaba él en todo momento.

Lo que ocurrió después es lo que hoy está en disputa en tribunales.

Un viaje que nadie autorizó

Semanas después de instalada la tobillera, el imputado pidió autorización para salir del país para visitar a un familiar. Tanto la Fiscalía como el tribunal se la negaron. Viajar a México no estaba permitido.

Sin embargo, se fue.

El 25 de junio de 2024, Gendarmería registró en un informe que el dispositivo perdía señal y que el propio imputado les había informado que viajaría a México, y que la señal se recuperaría cuando regresara. Y hasta la fecha, nada se sabe del imputado.

Según fuentes del Ministerio Público, la Fiscalía de Género de La Florida no fue notificada de esa comunicación ni encontró resolución alguna que autorizara la desinstalación del dispositivo. Por lo que la sospecha de que él mismo se la haya retirado es alta.

Lo que sí llegaron fueron alertas y Radio Bío Bío accedió a los documentos. El 27 de julio se activó una alarma consignando que el sujeto “se encuentra en viaje a México”. Luego vinieron más: 2 de agosto, 11 y 26 de septiembre. En todas, el imputado era inubicable.

Datos contradictorios

Hay un dato que complica el relato simple de abandono y desprotección: la propia víctima, según fuentes del Ministerio Público en junio de 2024, le informó a la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) que el imputado probablemente viajaría. Y agregó algo que los persecutores tomaron nota: que eso no le preocupaba. Lo que quería era mantener la cautelar vigente por si él volvía.

Pero su abogado, Abner Muñoz, contradice parte del relato. “Jamás dijo que no se preocupaba, es más, lo que más dijo es que le daba pavor que el volviera y que se necesitaba avanzar en su denuncia respecto de la violación a lo que no fue escuchada. En razón de lo anterior, por abandono y falta de diligencias e inclusive medidas eficaces, se instaló cerco eléctrico en la casa de mi representada”.

Fuentes del Ministerio Público señalan que durante ese período se realizaron diligencias concretas: una profesional de URAVIT trabajó directamente con ella, hubo derivaciones para la mujer y sus hijos a un Centro de la Mujer y a la Oficina Local de la Niñez respectivamente y se recogió testimonio tanto de la víctima como de su padre a través de la PDI.

La causa, dicen las mismas fuentes, se mantuvo vigente. No hubo nuevas denuncias. No se reportaron nuevas situaciones de riesgo.

Datos que fueron negados por el abogado de la víctima y denunciante. “Mi representada dijo que jamás la derivaron al Centro de la niñez y en el Centro de la Mujer. La hicieron rellenar un formulario y que impartían clases grupales para mujeres violentadas y si quería participar en ello, a lo que mi hermana les dijo que no. Después preguntaron si necesitaba abogado y psicólogo y ella dijo que si a lo que nunca se contactaron nuevamente con ella”, señaló.

Y agregó que: “No existió solicitud de testimonio alguno por parte de Fiscalía, es más, su padre tuvo un problema distinto con el querellado, por cuerda separada, lo cual terminó en nada. A él lo llamó PDI para preguntarle qué había pasado y de la causa posteriormente no se hizo absolutamente nada”.

El vencimiento

La tobillera tenía plazo: seis meses desde el 15 de mayo de 2024. Es decir, vencía el 15 de noviembre.

Gendarmería recordó ese vencimiento cuatro días antes. No se solicitó prórroga. Fuentes del Ministerio Público reconocen ese punto: la decisión fue no hacer modificaciones ante el tribunal hasta que venciera el plazo judicial, considerando que no se vislumbraban nuevas situaciones de riesgo en ese momento.

Es justamente ese razonamiento lo que hizo a la defensa de la mujer presentar una querella en marzo. El libelo, que no incorpora hechos nuevos sino que se refiere a los mismos ocurridos en 2024, acusa una “manifiesta negligencia” del Ministerio Público y sostiene que la inacción dejó a la víctima expuesta en un caso con potencial riesgo de femicidio. Pide formalizar al imputado en ausencia y gestionar su extradición desde México.

Muñoz explica que “la Fiscalía jamás revisó el parte del CMC en la cual se indicaba violación sistemática. No hizo nada al momento de que el querellado se quitara la tobillera electrónica, no solicitó nuevas medidas cautelares o vigencia de las existentes posterior al 2024, jamás citó a la víctima. Jamás citó testigos ni realizó gestión sustancial alguna y para peor, me da a entender que Fiscalía culpa a la víctima de no aportar más antecedentes que jamás fueron solicitados”.

Una causa que sigue abierta

La Fiscalía, según las mismas fuentes, ya retomó contacto con la víctima. Ella misma solicitó una audiencia que quedó fijada para el 7 de mayo, instancia en que el tribunal escuchará su versión y resolverá si corresponden nuevas medidas cautelares.
La investigación, insisten, nunca se cerró.

Lo que la historia deja es una zona de grises difícil de resolver: una mujer que denunció y que el sistema acompañó, al menos en parte. Un hombre que cruzó la frontera pese a que no debía. Una tobillera que se apagó antes de que despegara el vuelo. Y una serie de decisiones institucionales —algunas explicables, otras más difíciles de justificar— que hoy son objeto de una querella criminal.