La Inmobiliaria San Valentino se refirió, por medio de seis puntos pormenorizados, a las recientes declaraciones del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, sobre el conflicto por la compra de la Clínica Sierra Bella. La empresa inmobiliaria afirmó que el jefe comunal “falta a la verdad” al señalar que existe un delito penal en este caso. La compañía precisó que este punto ya fue juzgado y cuenta con una sentencia firme y ejecutoriada.
La empresa destacó que fueron los tribunales de justicia, y no la Municipalidad, quienes ordenaron la inscripción de la compraventa. Acusaron al alcalde de pretender instalar una versión diferente de los hechos. La inmobiliaria manifestó que esta actitud constituye “litigar por la prensa para presionar a la justicia“, una acción que calificaron como “impropia de cualquier autoridad democrática, y más aún de un abogado“.
Respecto al tema del embargo, Inmobiliaria San Valentino sostuvo que el municipio omite información crucial. Indicaron que el tribunal resolvió de manera expresa que los bienes municipales sí pueden ser embargados. Aclararon que lo único excluido fueron los fondos de una cuenta corriente específica, la cual estuvo embargada desde el 23 de octubre pasado.
La compañía subrayó que dicha resolución sobre la cuenta corriente no está firme y admite recursos. Enfatizaron que “la embargabilidad de los bienes municipales quedó plenamente ratificada y así está claro en la decisión de la justicia civil”.
Resoluciones judiciales
Sobre la conducta procesal de la Municipalidad, la inmobiliaria reveló que esta mantuvo sus cuentas embargadas durante semanas sin pronunciamiento. Calificaron el intento de victimización actual como “simplemente una estrategia comunicacional“. El objetivo de esta maniobra, según la empresa, es ocultar el hecho de que el contrato es válido y se ejecuta ante la justicia civil.
La empresa se refirió también a las reiteradas solicitudes presentadas por el municipio. Informaron que el 19° Juzgado Civil ya declaró que no tiene competencia para pronunciarse sobre esos intentos. La firma señaló que el municipio busca reabrir discusiones que están zanjadas. Afirmaron que, “por creativos que sean sus planteamientos, no tienen sustento legal”.
Del mismo modo, Inmobiliaria San Valentino se manifestó sobre la orden de no pago a un vale vista entregado, atribuida al alcalde. Calificaron esta conducta como “gravísima” e “injustificable en cualquier autoridad”. La empresa sostuvo que esta acción “pone en riesgo el Estado de Derecho“.
En esa línea, acusaron directamente al alcalde Desbordes de faltar a la verdad en relación con la tasación de la fiscalía. La inmobiliaria declaró: “El alcalde falta a la verdad señalando que la tasación de la fiscalía es de 3000 millones de pesos y él lo sabe“. Añadieron que es “más grave aún” que esto provenga de un abogado que conoce las consecuencias de dichas acciones.
Estándares y precedentes según Inmobiliaria San Valentino
Como empresa, Inmobiliaria San Valentino expresó su sorpresa por el nivel de irresponsabilidad jurídica que atribuye a la autoridad. Compararon estas maniobras con conductas conocidas públicamente en el “Caso Basura”. La empresa recordó que el alcalde conoce bien ese caso, al que describieron como “el mayor escándalo de corrupción municipal que ha existido en la historia del país”.
La compañía sugirió que quizás de esa experiencia previa proviene “su desconfianza y el desconocer las sentencias judiciales”. Este comentario lo enmarcaron en la actual disputa judicial por la compraventa de la Clínica Sierra Bella.
El conflicto se originó cuando la administración de la exalcaldesa Irací Hassler decidió adquirir el recinto por un monto de $8.200 millones. Sin embargo, el procedimiento se detuvo luego de que se detectara un sobreprecio en el proceso. Esta situación no dejó conforme a Inmobiliaria San Valentino SpA, dueña de la clínica.
Fue a través de la vía judicial que la empresa logró que se inscribiera ante el Conservador de Bienes Raíces la adquisición por parte de la municipalidad, ahora liderada por Mario Desbordes. Tras la inscripción, la inmobiliaria recurrió a la justicia para que se cumpla el pago total de la compraventa por parte del municipio.
Debido a que el municipio atraviesa una crisis financiera, en tribunales se decretó un embargo para saldar la deuda. Ante esta medida, la municipalidad interpuso un incidente de exclusión de embargo sobre los fondos de una cuenta corriente en el banco Scotiabank. Este recurso fue acogido por el 20° Juzgado Civil, basándose en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Pese a las declaraciones del alcalde Desbordes, quien valoró la decisión y afirmó que “hoy día no hay bienes embargados del municipio”, la misma resolución del 20º Tribunal deja abierta la puerta a embargos de otros recursos municipales. La resolución establece que la inmobiliaria “mantiene su derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuádose, obviamente, a los que la ley declare inembargables”.
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