A dos semanas desde que la justicia determinara prisión preventiva para Wilson Verdugo, acusado de ser autor intelectual del crimen de José Reyes Ossa (“Rey de Meiggs”), la defensa del empresario presentó una apelación para evitar su reclusión. Esta solicitud fue rechazada y solo uno de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago votó a favor de su libertad.
El fallo judicial confirma la decisión, indicando que fue “acordada con el voto en contra del ministro señor Mera, quien estuvo por revocar la resolución en alzada”.
Según CHV, esta decisión judicial evidenció otros cabos sueltos en la investigación que lleva el Ministerio Público.
En esa instancia, la Sexta Sala concluyó -en su mayoría- que dichas sospechas cumplen lo necesario para mantener la prisión preventiva del imputado. Sin embargo, el ministro Juan Cristóbal Mera votó a favor de la libertad de Verdugo.
Mera, cuestionó dos aspectos del caso: la forma en la que se acredita la supuesta deuda millonaria de mil millones de pesos y la veracidad de los testimonios que apuntarían a otro presunto sospechoso como autor del crimen.
La disputa por la deuda
El Ministerio Público apunta a que Verdugo basa el móvil del crimen en una deuda de mil millones de pesos con Reyes; sin embargo, la defensa del empresario afirma que el monto adeudado no superaba los 120 millones de pesos, una suma que “él iba a pagar los próximos meses”.
Esta contradicción, también se reflejó en los testimonios ante Fiscalía, ya que un amigo de Reyes (G.AG.M) confirmó que Verdugo se había reunido con la pareja del “Rey de Meiggs” días después de su muerte.
“Wilson reconoció la deuda anotada en el papel, pero que él ya le había pagado el total de ese dinero, supuestamente con los pagos de $36 millones que pagaba en forma mensual (…) de hecho Wilson me dijo en esa reunión y también a la C..- que él le había pagado justamente mil millones de pesos”.
Según el abogado representante de Verdugo, Luis Inostroza, “le quedaba una suma no mayor de 120 millones de pesos que iba a pagar los próximos meses, en consecuencia no puede existir un móvil ni interés de mi representado a hacer lo que la Fiscalía dice que hizo”.
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