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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró inadmisible la querella del municipio de Santiago por la aprobación de las Fondas Parque O\'Higgins en septiembre de 2024, señalando que la eventual responsabilidad de los funcionarios municipales sería civil y no penal, a pesar de un dictamen de Contraloría. Este revés se suma a otro reciente para el alcalde Mario Desbordes, ya que la Corte de Apelaciones también desestimó un recurso contra el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para evitar la construcción de una nueva cárcel. La resolución judicial argumentó que los hechos de la querella no constituyen prevaricación administrativa, dejando la responsabilidad como civil y no penal para los implicados en la aprobación de las fondas.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró inadmisible la querella presentada por el municipio de Santiago por la aprobación de las Fondas Parque O’Higgins en septiembre de 2024. El tribunal señaló que, pese al dictamen de Contraloría presentado como antecedente, la eventual responsabilidad de los funcionarios municipales sería civil y no penal.

Este es un nuevo revés para el alcalde Mario Desbordes (RN), quien vio recientemente cómo la Corte de Apelaciones de Santiago también declaró inadmisible el recurso de protección contra el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), presentado con el fin de evitar la construcción de la nueva cárcel de alta seguridad en la comuna.

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“Los hechos pormenorizados en la querella no son constitutivos del delito de prevaricación administrativa del artículo 228 del Código Penal”, comienza señalando la resolución.

Cabe recordar que el municipio de Santiago hizo referencia al dictamen de Contraloría de septiembre de 2023. Este cuestionó la aprobación municipal de las Fondas Parque O’Higgins durante ese año, señalando que debió realizarse una licitación pública con autorización del Concejo Municipal.

Incluso, desde el gobierno comunal liderado por Desbordes indicaron que hubo una advertencia por parte de la directora de Fiscalización del municipio, Bernardita Lorenzini. Ella dijo que no debía aprobarse en 2024, precisamente por el dictamen del ente fiscalizador. Sin embargo, el administrador municipal en ese entonces, Claudio González, pidió aprobarlo de todas formas.

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El tribunal capitalino respondió que la Contraloría no presentó una denuncia en el Ministerio Público, sino que dejó al criterio del municipio la “necesidad de un proceso disciplinario“.

Por lo tanto, de existir responsabilidad de los funcionarios municipales que aprobaron la solicitud de la Corporación de Desarrollo de Santiago (Cordesan), que organizó las fondas junto a la productora Artemedios, la responsabilidad sería civil y no penal.