Una contundente acusación presentó la Fiscalía Occidente contra siete funcionarios de Carabineros de Chile, formalizados por los delitos de apremios ilegítimos, obstrucción a la investigación, homicidio simple en carácter de frustrado, daños, y falsificación de instrumento público. Todo esto en un cuestionado procedimiento realizado en Pudahuel durante el denominado estallido social, donde dos menores de edad terminaron baleados.
La Fiscalía Occidente pidió penas que podrían alcanzar los 40 y 29 años de presidio, para oficiales de carabineros formalizados por homicidio frustrado y acusados de montaje, en el denominado estallido social en Pudahuel.
Por este cuestionado procedimiento realizado en la región Metropolitana, terminaron dos niños de 9 y 10 años baleados.
A raíz de esto, la Fiscalía Occidente presentó una contundente acusación contra siete funcionarios de Carabineros de Chile, formalizados por los delitos de apremios ilegítimos, obstrucción a la investigación, homicidio simple en carácter de frustrado, daños, y falsificación de instrumento público.
Se trata de una causa iniciada en el contexto del denominado estallido social, y que tras dos años, aproximadamente, sentará en el banquillo de los acusados al teniente Diego Benavides González; al actual mayor en retiro Juan José del Río Soublete; y a los cabos primero Omar Torres Molina, Víctor Saavedra Quidulef, Ariel Araya González, Sergio Sánchez Sánchez y Vivian Casanova Salgado.
Patadas en el rostro, amenazas de muerte y comer tierra
Según la investigación de la Fiscalía Occidente, liderada por el fiscal Marcelo Soto Álvarez, el 21 de octubre de 2019, bajo el estado de emergencia constitucional, carabineros iba a controlar un vehículo con nueve ocupantes, que se desplazaba por calle Claudio Arrau, en la comuna de Pudahuel, pero el conductor, que no tenía licencia, huyó.
Tras esto, el teniente identificado como Diego Benavides González sacó su arma de servicio y disparó a corta distancia contra el automóvil en movimiento hiriendo a dos niños de 9 y 10 años y a un joven de 18 años, quienes quedaron con importantes lesiones en su cuerpo atribuibles a este impacto.
Cuando el automóvil se detuvo, tanto Benavides González, como el cabo primero Ariel Araya González, junto a otros funcionarios no identificados, aplicaron -o no impidieron que se ejecutaran- apremios y tratos inhumanos a los ocupantes del vehículo.
Patadas en el rostro, amenazas de muerte, obligarlos a comer tierra una vez reducidos en el suelo, según la acusación del ente persecutor, habrían sido las agresiones efectuadas por los funcionarios policiales mientras realizaban el procedimiento, resultando los ocupantes del automóvil con una serie de lesiones a raíz de estos hechos.
Parte policial ideológicamente falso
El mayor Juan José del Río Soublete, quien era el jefe operativo de la Zona de Intervención Oeste, junto a Sergio Sánchez Sánchez y Vivian Casanova Salgado, aplicó apremios ilegítimos a un menor de 16 años en el contexto de un control de identidad.
Entre las agresiones están: ponerle el pie en la espalda, patearlo en el piso y colocarle una pistola en la cabeza.
Tras esto, el mayor de Carabineros se reunió con el resto de los acusados y sostuvo que dirían lo que él les señalaría, y eso consistía en que el conductor les tiró el auto encima y ante el peligro inminente para su vida hizo uso de su arma de servicio, y que además dañaron la motocicleta del subteniente Benavides. Todo esto, quedó plasmado en un parte policial ideológicamente falso.
Penas podrían alcanzar los 40 años de presidio
Bajo este contexto, el fiscal Soto solicitará al tribunal penas que acumuladas pueden alcanzar los 40 años de cárcel.
Para el teniente Diego Benavides González, el Ministerio Público solicita una pena acumulada que podría alcanzar los 40 años por tres delitos de homicidio simple frustrado, apremios ilegítimos agravados, falsificación ideológica, entre otros.
Para el mayor en retiro, en ese entonces jefe operativo de la Zona de Intervención Oeste, Juan José del Río Soublete, el fiscal pide una pena que acumulada podría alcanzar los 29 años; misma suerte que para Omar Torres Medina y Víctor Saavedra Quidulef.
En tanto, para el cabo primero Ariel Araya González se solicitó la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio por apremios ilegítimos agravados. Respecto a Vivian Casanova Salgado y Sergio Sánchez Sánchez, el Ministerio Público solicitó una pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo.
En conversación con La Radio, el fiscal Marcelo Soto Álvarez señaló que “el Ministerio Público durante el juicio oral respectivo acreditará los hechos con la prueba que acompaña a la acusación respectiva”.
Ahora, el primer Juzgado de Garantía de Santiago deberá fijar fecha para la audiencia de preparación de juicio oral. Todos los acusados se encuentran en libertad.
