La Ilustre Municipalidad de Santiago ha presentado una querella criminal contra quienes resulten responsables por eventuales delitos de prevaricación, fraude al fisco y falsificación de documento público.
Según indica el texto de la querella, y en razón de la información entregada por el Contralor Municipal, se detectó que cinco desvinculaciones de funcionarias de la Dirección de Educación no fueron dispuestas a través de actos administrativos fundados, conforme lo exige la ley.
El término de la relación laboral de dichas funcionarias se notificó mediante cartas individuales, suscritas por Juan Francisco García (ex Administrador Municipal y quien suscribió dichas misivas en calidad de Alcalde subrogante), especificando que el monto a pagar a título de indemnización a las ex funcionarias ascendía en total a $72.619.305.
En el fondo de esta decisión administrativa no se observó fundamento jurídico alguno. Al tratarse de personas que ostentaban cargos directivos de confianza del exalcalde Felipe Alessandri, procedieron a construir una causal de despido con el objetivo de habilitar pago de finiquitos de manera irregular.
Según el municipio, “estos hechos descritos, representan un grave daño a la educación de nuestra comuna, principalmente porque dichos recursos provienen de subvenciones escolares destinadas a niños, niñas y jóvenes de nuestras escuelas y liceos públicos”.
Además agregaron que: “Considerando la gravedad de los hechos, reafirmamos nuestro compromiso con la probidad, transparencia, y con una mejor gestión municipal. Seguiremos trabajando incansablemente por la recuperación de la educación pública de nuestra comuna”.
A través de sus redes sociales, la exdirectora de Educación de la Municipalidad de Santiago, Bárbara Soto, aseguró que el dinero de las indemnizaciones no ha sido recibido por ninguno de las personal aludidas en la querella.
En la misma línea otro de los exfuncionarios, Juan Francisco García, lamentó la “bajeza” de la actual jefa comunal, Irací Hassler, por la acusación en su contra.
