El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hizo parte en la investigación por fraude al Fisco que involucra a actuales y exfuncionarios de la Municipalidad de Hualqui, región del Bío Bío.
La decisión del organismo, que eliminó a la corporación edilicia como querellante en la causa, se conoció durante la audiencia que determinó las cautelares contra los imputados.
Una querella por los mismos delitos que ya formalizó hace dos semanas el Ministerio Público presentó el Consejo de Defensa del Estado en el caso que involucra a la actual administradora de la Municipalidad de Hualqui, además de dos exdirectivos de la repartición.
El abogado municipal, Marcelo Villena, explicó que la acción legal del organismo estatal dejó fuera de la causa a la corporación edilicia, asumiendo el Consejo de Defensa la representación del municipio como víctima de los delitos que indaga la Fiscalía.
“De acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional del Consejo de Defensa del Estado, cuando asume la representación de una entidad, en este caso de la Municipalidad de Hualqui, excluye al mismo municipio de seguir interviniendo en el proceso. Entonces, lo que ocurre es que, deduciendo querella, el Consejo de Defensa del Estado se hace parte en la causa en representación de los intereses del municipio, de manera que, en lo sucesivo, el municipio de Hualqui no no tiene intervención en el proceso”, explicó.
La causa tiene que ver con un millón 500 mil pesos que, según el Ministerio Público, pagó la Municipalidad de Hualqui, a través de una factura ideológicamente falsa por la supuesta compra de 200 colaciones, cuando en realidad el dinero habría financiado la celebración del cumpleaños del alcalde Ricardo Fuentes.
En la audiencia se dictaron las cautelares contra los formalizados, decretando el Juzgado de Garantía de Chiguayante el arresto domiciliario nocturno, el arraigo nacional y la firma semanal en Carabineros.
El abogado de la administradora municipal, Felipe Martínez, destacó que el tribunal desechara la privación de libertad en una cárcel que pedía la Fiscalía.
“Conformes con la resolución del Tribunal de Garantía de Chiguayante que no dio lugar a la prisión preventiva solicitada por parte del Ministerio Público, y compartiendo los argumentos que presentó esta defensa, resultaron en definitiva en decretar medidas cautelares de menor intensidad, sostuvo Martínez.
A ello, agregó que “también se adelantó por esta defensa que se van a solicitar muchas diligencias en cuanto a la efectividad de la participación que se le imputa a mi representada, porque si bien es cierto esta defensa entiende que podría haber un delito de fraude al fiscal, mi representada no tiene participación alguna en este”.
Los imputados por fraude al Fisco, falsificación de instrumento público y uso malicioso de documento mercantil son la administradora municipal Yilda Fernández, y los exdirectivos Macarena Varas y Edgardo Jara, mientras que la empresaria que habría extendido la factura falsa, Mirta Martínez, enfrenta cargos por falsificación y obtención fraudulenta de platas fiscales.
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