La primera condena por lavado de activos en relación al contrabando de cigarrillos logró el Ministerio Público en Tomé. El caso involucra a un empresario que recibió como sanción casi 5 años de cárcel y el pago de multas por un total de $115 millones.
Fue en el año 2024 cuando en el peaje Agua Amarilla de la Ruta del Itata, Carabineros sorprendió a Pablo Aranda Contreras en poder de más de 17 mil cajetillas de cigarros internadas clandestinamente al país, siendo formalizado inicialmente por contrabando, comercio ilegal y comercio clandestino.
De inmediato, la fiscal jefe de Tomé, Ana María Aldana, ordenó diligencias respecto de los bienes del imputado, sospechando el ocultamiento de los activos obtenidos con la venta ilegal de los cigarrillos.
La Policía de Investigaciones (PDI) determinó finalmente bienes ilícitos por cerca $200 millones entre dinero y vehículos.
Tras sumarse el lavado de activos a los cargos iniciales, Aranda aceptó los hechos, recibiendo como sanción una millonaria multa y cuatro penas de prisión, la más alta por el delito acreditado con los peritajes de la Brigada de Lavado de Activos de la PDI, como explicó la persecutora.
“Por la conducta de lavado de activos se le condenó a una pena de 3 años y un día y, además, a una multa de más de $14 millones. En esta investigación también tuvo parte la Aduana y también una destacada participación del OS7 en el procedimiento de flagrancia y también de la Brigada de Lavado de Activos”, sostuvo.
La defensa del acusado, el abogado Francisco García, precisó que se trató de un procedimiento abreviado acordado con el Ministerio Público, por el cual su cliente recibió penas que serán cumplidas en libertad.
“Dentro de un procedimiento abreviado, tuvimos un acuerdo con el Ministerio Público y representado, y se aceptó ese procedimiento abreviado y, por lo tanto, se dictó veredicto condenatorio. Las penas son inferiores a 5 años de pena privativa de libertad. Por lo tanto, tiene una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva”, dijo.
La condena sería la primera en el Bío Bío por lavado de activos, en una causa abierta a partir del delito de contrabando. Los bienes de Pablo Aranda fueron incautados y, por orden de la Fiscalía, el BMV se entregó para el uso de la Policía de Investigaciones.
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