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El Ministerio Público formalizará por homicidio calificado al interno del penal Bío Bío que decapitó a su compañero de celda en diciembre de 2024. La Fiscalía descartó enajenación mental del reo, quien habría llevado a cabo un ritual satánico antes del crimen. La madre de la víctima, representada por un abogado querellante, destaca la formalización y descarte de la enajenación mental. La Defensoría Penal había planteado la enfermedad mental, y se espera que se retome este argumento. Se señala la posible responsabilidad del Estado por negligencia de Gendarmería.
El Ministerio Público formalizará por homicidio calificado al interno del penal Bío Bío que decapitó a su compañero de celda a fines del año pasado. Esto, ante un posible descarte de enajenación mental sobre el imputado, luego de los peritajes realizados por Fiscalía.
Cabe recordar que el 9 de diciembre de 2024 un gendarme a cargo del desencierro en el módulo 42 de la cárcel penquista se encontró con la macabra escena: el cuerpo del interno Vincent González Aguirre y a un lado el otro reo de la celda 21, Diego Valdés San Martín.
Este último habría dado cuenta de un ritual satánico que lo llevó primero a ahorcar con una cuerda a su compañero, para después cortarle la cabeza con una lata, iniciándose la investigación de la Fiscalía.
A nueve meses de los hechos, el fiscal Paolo Muñoz decidió formalizar a Valdés San Martín por el delito de homicidio calificado, lo que fue informado por el abogado Andrés Durán, quien representa como querellante a la madre de la víctima, destacando que se desechara la enajenación mental.
Enajenación mental del imputado
La Defensoría Penal levantó la tesis de la enfermedad mental a menos de 24 horas después del crimen, según lo expuso la defensora penitenciaria, María Cristina Melgarejo, el 10 de diciembre. No se descarta que el argumento sea expuesto nuevamente ante la decisión del Ministerio Público.
Consultado sobre el análisis que hace más allá de la responsabilidad penal del imputado, el abogado Durán dijo que se acredita además la responsabilidad del Estado por la negligencia de Gendarmería.
La audiencia ya fue fijada por el Juzgado de Garantía de Concepción para el próximo 13 de noviembre.
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