La medida fue aprobada por la Corte de Apelaciones de Concepción, subrayándose que tiene que ver con la seguridad y no el factor sanitario.
Los juzgados de Garantía y tribunales Orales de las provincias de Bío Bío y Arauco volvieron a trabajar de forma remota tras invocar ahora el Estado de Excepción que rige en esos territorios. La medida fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Concepción, subrayándose que tiene que ver con la seguridad y no el factor sanitario.
A pesar de ser los primeros en recibir la vacuna contra el covid, los funcionarios del Poder Judicial fueron casi los últimos en retomar la presencialidad laboral prepandemia.
Una vez que los contagios bajaron y se comenzó a retomar la normalidad, parte del personal de tribunales invocó patologías de base o el cuidado de familiares para seguir trabajando desde sus casas. Después el argumento para justificar las audiencias remotas fue la emergencia sanitaria aún vigente y cuando en agosto eso se terminó, la Corte Suprema debió ordenar el regreso de todos a la presencialidad.
Ahora, en el caso de los tribunales penales de las provincias de Arauco y Bío Bío solicitaron retomar las labores telemáticas, invocando dictámenes que permiten las audiencias remotas para territorios en Estado de Excepción, lo que fue acogido por la corte penquista.
Argumentan razones de seguridad
La presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción, ministra Carola Rivas, explicó que con los decretos de Estado de Excepción, “los tribunales pueden hasta por un periodo disponer de trabajo telemático por razones de seguridad”.
Sobre las críticas que generará esta situación extraordinaria, la ministra Rivas fue categórica al desestimar los cuestionamientos, asegurando que el trabajo remoto no es para descansar y que, por otro lado, es incluso más positivo que el presencial en algunos aspectos.
La presencialidad rebajó de entre un 20 y 40% de la planta funcionaria en los juzgados que se acogieron a la labor telemática, y además, por petición del Ministerio Público, dijo la presidenta de la Corte, se sumó el reforzamiento de la seguridad para las audiencias con algún grado de riesgo como el juicio a Ernesto Llaitul en Los Ángeles.
