Pese a que no se sugiere sanción contra el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, y el jefe comunal asegura que su figura sólo se vio involucrada por ser el jefe superior de los funcionarios investigados, el concejal Carlos Hidalgo acusó al municipio de "mentir a Contraloría" y aseguró que se debe denunciar al Tribunal Electoral Regional.

Pese a que la Contraloría regional del Bío Bío ordenó a la Municipalidad de Chiguayante instruir un sumario para determinar la eventual responsabilidad administrativas de funcionarios involucrados en la elaboración de un proyecto, el procedimiento nunca se realizó.

Es por eso que se acreditó la responsabilidad administrativa del alcalde Antonio Rivas y otros tres funcionarios municipales.

Recordemos que se trata de un proyecto que sirvió de base a la licitación pública de un proyecto de mejoramiento del sistema de evacuación de aguas lluvias en calle O’Higgins.

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En el caso del jefe comunal de Chiguayante, no se sugiere sanción sino que se remitió copia del procedimiento disciplinario y sus respectivos antecedentes al Concejo Municipal.

En tanto, el alcalde señaló que su figura sólo se vio involucrada por ser el jefe superior de los funcionarios investigados e indicó que “la medida no responde ni a irregularidades en licitaciones ni fondos públicos”.

Al momento de tener conocimiento de la resolución de Contraloría, el lunes de esta semana, los concejales esperaban que fuera llevado a sesión el día miércoles, sin embargo no fue puesto en tabla.

En esa línea, el concejal Carlos Hidalgo indicó que se trata de un asunto grave porque el municipio le mintió a la Contraloría asegurando que había un sumario en curso cuando no era así.

Hidalgo indicó que se debe denunciar “como corresponde al Tribunal Electoral Regional” para que se tomen “las sanciones correspondientes, pero principalmente debemos pedir la destitución por esta falta tan grave”.

En cuanto a la resolución, para el director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Chiguayante, Rodrigo Díaz, se establece una multa del 10% de su remuneración mensual y anotación de demérito de dos puntos.

Mientras que para el ex administrador municipal, Gonzalo Díaz, se plantea la medida disciplinaria de suspensión del empleo por tres meses con goce del 50% de remuneraciones y anotación de demérito de seis puntos.

Finalmente, y pese a que se acreditó su responsabilidad administrativa y ésta se encuentra prescrita, el abogado del municipio, Pablo Aros, fue absuelto.