La Corte de Apelaciones de Concepción aumentó la intensidad de la cautelar para un imputado que adulteraba y comercializaba salvoconductos obtenidos en la Comisaría Virtual.
Los ministros desecharon el argumento de la Defensoría sobre la inexistencia de delito, por no tener estos permisos la calidad de instrumento público.
Fue la Corte de Apelaciones de Valparaíso la que hace unos días sobreseyó a una mujer detenida por falsificar salvoconductos para el desplazamiento en zonas con restricciones sanitarias.
Ese mismo argumento fue rechazado por el tribunal de alzada penquista, en el caso de Maximiliano Cortés Gutiérrez, a quien la Fiscalía de Concepción imputó por utilizar los nombres de empresas santiaguinas para obtener permisos de desplazamiento que después vendía a 5 mil pesos cada uno.
La causa llegó a la Corte de Apelaciones de Concepción por un recurso de la Intendencia, que rechazó la rebaja del arresto domiciliario de total a nocturno para el imputado, solicitud acogida al considerar los argumentos del abogado Enrique Hernández.
El defensor penal, Ricardo Terán, sin embargo, insistió en que como en Valparaíso, aquí tampoco se está frente a un ilícito, pues los salvoconductos no tienen firma electrónica, que es lo que hace a un documento un instrumento público.
El abogado de la Intendencia, por su parte, explicó que el caso de Maximiliano Cortés no es igual al de la mujer en la región de Valparaíso, pues aquí además hubo una venta de los permisos.
Así el imputado seguirá con arresto domiciliario total, por la gravedad del delito de falsificación de instrumento público, la reiteración al haber obtenido casi 1.800 salvoconductos, los que le reportaron alrededor de 8 millones de pesos.
