Gremios de trabajadores forestales llamaron al Gobierno y al Poder Judicial a cambiar la estrategia en las acciones legales que den con los responsables de actos de violencia rural en la región del Bío Bío.

Esto porque pese a las más de 100 querellas que la Intendencia ha presentado desde 2019 por estos hechos, acusaron que no hay avances en términos de justicia con las víctimas.

Así lo señaló el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, quien si bien valoró la presentación de acciones legales en contra de quienes cometen hechos de violencia en las zonas rurales del Bío Bío, aseguró que si no se logran resultados concretos, los trámites judiciales hechos por la Intendencia no sirven de nada.

Esto porque a juicio del líder gremial, desde el 2014 han sido afectados con 90 atentados, de los cuales sólo uno ha sido resuelto, por lo que llamó a la fiscal regional, Marcela Cartagena, a agotar todos los medios y a cambiar la estrategia de las indagatorias para que estas tengan efecto.

En un plano similar se manifestó el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos del Transporte Forestal, Heriberto López, quien agregó que desde 1997, cuando se registró el primer atentado incendiario con daño a personas en el Bío Bío, el panorama de violencia sigue de forma similar.

Al mismo tiempo, recordó que se le está solicitando al Gobierno poner atención a las víctimas por sobre la afectación de bienes, ya que producto de los actos de violencia rural, también quedan consecuencias psicológicas.

En la vereda del frente, la vocera de Gobierno en el Bío Bío, Francesca Parodi, dio cuenta de que desde 2019 hasta la fecha se han presentado más de 100 querellas por hechos de violencia rural en la región, de las cuales 15 están terminadas, puesto que el Ministerio Público optó por no perseverar.

Desde los gremios agregaron que pese al Estado de Catástrofe que atraviesa el país, a causa de la pandemia, los hechos delictuales no han disminuido.

También hicieron un llamado a todos los representantes locales de los poderes del Estado a llevar a la práctica su preocupación manifestada ante esta situación.