Paralizada se mantiene la investigación administrativa contra la jueza de Familia de Tomé, Gabriela Varela, denunciada por graves irregularidades en el desempeño de sus funciones, tanto por funcionarios como abogados y usuarios del tribunal.
El sumario estaba a cargo de la fiscal judicial, Silvia Mutizabal, quien se vio prácticamente obligada a inhabilitarse, siendo traspasada la causa a Hernán Rodríguez, quien no habría sido notificado de su nombramiento, decisión adoptada ya hace más de un mes.
Segun fuentes de tribunales, se trata de un grave retraso que está afectando a la investigación iniciada en 2018, y en cuya apertura debió intervenir la Corte Suprema, luego que por meses la Corte de Apelaciones de Concepción evitara una decisión no obstante el mal clima laboral en el juzgado tomecino y el cúmulo de denuncias contra la jueza de Familia.
Los cargos más graves contra Gabriela Varela provienen de padres que aseguran que sus hijos sufrieron presiones indebidas de la magistrada, quien habría presionado a niños y niñas para que ratificaran supuestos maltratos, bajo la amenaza de que si no lo hacían les podía ocurrir lo mismo que a menores del Sename, que incluso terminaban muertos por no denunciar a tiempo los abusos.
