La Corte de Apelaciones de Concepción coincidió con la Defensoría en que los ministerios de Salud y de Justicia son los principales responsables de la crisis en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Regional de la comuna.
Lo anterior, a raíz de la inexistencia de un establecimiento especial para imputados con patologías mentales y la falta de peritos para las evaluaciones que ordenan los jueces de Garantía.
Fue a partir de las denuncias de los funcionarios de la unidad especializada, por la agresión sufrida de parte de internos infractores de ley, que se desencadenó la nueva crisis en la unidad del recinto asistencial penquista.
Al referirse a la movilización del personal, que obligó al director del Servicio de Salud, Carlos Grant, a pedir la intervención de la Corte de Apelaciones, el defensor regional, Osvaldo Pizarro, fue categórico sobre los entes responsables de la situación.
Y ese análisis fue también compartido por el titular del tribunal de alzada, ministro César Panés, luego de la reunión de trabajo con el doctor Grant, subrayando que se trata de un problema ignorado desde la implementación de la reforma procesal penal, cuando debieron haberse creado unidades especiales para imputados con problemas psiquiátricos.
La internación de imputados con algún tipo de enajenación mental es ordenada ya sea por cada Juzgado de Garantía o Tribunal Oral.
En ese sentido, el ministro Panés fue claro en que como Corte de Apelaciones no pueden señalar a los jueces cómo pronunciarse en esos casos.
Por ello, lo que propuso el presidente del tribunal de alzada al Servicio de Salud Concepción, es una reunión en conjunto con la Defensoría y la Fiscalía, junto con la derivación de personas detenidas a unidades psiquiátricas especiales que sí existen en otras regiones del país o Servicios Médicos Legales que sí cuenten con especialistas para los peritajes que ordenen los juzgados.
