En voto dividido, la Corte Suprema de Justicia confirmó la legalidad de la expropiación durante la dictadura de 250 hectáreas en la Península de Tumbes, comuna de Talcahuano, terrenos que luego fueron entregados a la Armada y que pertenecieron hasta la década de 1980 a la familia de Peter Sweet.
En ese entonces, la expropiación se fundamentó en lo “estratégico del paño” para la seguridad nacional, argumento que también fue usado por los abogados demandantes, pero de manera de restar la importancia que tienen hoy los terrenos, subrayando en ese sentido la existencia de instalaciones navales menores en el lugar y que parte de lo expropiado fue vendido por la rama para la construcción del proyecto posterremoto Mirador del Bío Bío.
Estos últimos argumentos fueron acogidos por los ministros Sergio Muñoz y Carlos Cerda, quienes estuvieron por revocar la expropiación y restituir los terrenos.
No obstante, fueron los tres votos de mayoría que se impusieron y confirmaron la legalidad de la acción llevada a cabo durante el régimen que lideró del fallecido dictador, general Augusto Pinochet.
