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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) decidió no exigir a Transinmobiliaria realizar una evaluación de impacto ambiental para su proyecto inmobiliario "La Puntilla" en Algarrobo, pese a la petición de convertir estos terrenos en área verde respaldada por 1.700 firmas. El complejo contempla 344 departamentos y 544 estacionamientos en un entorno rodeado de áreas protegidas, generando preocupación por su impacto en la zona.

El pasado 9 de febrero, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) resolvió no obligar a la empresa Transinmobiliaria a someter su proyecto inmobiliario “La Puntilla” a un proceso de evaluación de impacto ambiental. El complejo se proyecta en el sector de Punta Fraile, en la comuna de Algarrobo.

Cabe recordar que, durante 2022, cerca de 1.700 firmas respaldaron una solicitud formal impulsada por organizaciones ciudadanas para que el municipio destinara estos terrenos a área verde.

Si bien la propuesta fue inicialmente acogida de manera unánime por el Concejo Municipal, posteriormente fue postergada y finalmente archivada por la actual administración.

Megaproyecto habitacional

El megaproyecto contempla la construcción de 10 torres de entre 4 y 8 pisos, sumando 344 departamentos y 544 estacionamientos.

Su emplazamiento ha generado especial preocupación, ya que se ubica en un entorno ambientalmente sensible, rodeado por cinco áreas protegidas: los santuarios de la naturaleza Islote Pájaro Niño y Peñablanca, la Zona Típica Parque Canelo y los humedales marinos de Playa Deportivo, Los Tubos y Canelillo.

Al respecto, Yacky Peters, expresidenta del Comité Ambiental Comunal de Algarrobo y actual integrante de la organización, calificó el proyecto como una “zona de sacrificio” y sostuvo que contradice las demandas expresadas por la comunidad, cuestionando además el escaso respaldo de las autoridades locales.

En tanto, el abogado ambiental Remberto Valdés criticó la falta de transparencia del procedimiento y los antecedentes considerados por el SEA, junto con la débil acción institucional para proteger formalmente estas zonas como áreas verdes resguardadas.

Desde el municipio, tras ser consultados, aún se espera alguna pronunciación sobre el tema.

El caso reabre el debate sobre el desarrollo inmobiliario en sectores de alto valor ecológico y patrimonial, y deja en evidencia la tensión entre inversión privada y protección ambiental, un conflicto que vecinos y organizaciones aseguran que continuará escalando por las vías administrativas y judiciales disponibles.