Mundaca tilda de "una aberración" desalojo a 10 mil personas de megatoma en San Antonio

El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, criticó duramente la resolución de la Corte de Apelaciones que fijó para el 27 de febrero el inicio del desalojo de la megatoma del cerro Centinela en San Antonio.

Si bien en la resolución judicial se establece que el desalojo del asentamiento irregular se realizará en etapas y de manera paulatina debido a la cantidad de familias que viven en el lugar, la autoridad regional insistió en que hay que agotar todas las instancias ante la falta de solución habitacional.

Y es que de acuerdo con un catastro realizado por el Minvu, en el campamento viven 4.100 familias, que agrupan a 10 mil personas, de los cuales el 33% corresponden a menores de edad.

Es por eso que a juicio de Mundaca, el desalojo, como está planteado, “es una aberración… Hay que agotar todos los mecanismos, todas las vías, de negociación y diálogo con los propietarios del cerro Centinela para buscar una solución”, dijo en conversación con Radio Bío Bío en Valparaíso.

Además, indicó que todavía no se hace define el valor del terreno, debido a que no se ha hecho una tasación para una eventual compra.

La situación de los campamentos, dijo Mundaca, “da cuenta del problema estructural que tiene el país, donde son más de 110 mil familias que viven en condición de toma y nuestra región es la que tiene el índice de precariedad más grande”.

El gobernador también acusó inacción de los gobiernos, ya que esta toma existe hace seis años. También planteó que la región no cuenta con el contingente y medios para concretar esta orden judicial, cifrando en 1.200 los efectivos policiales que se necesitan para llevar a cabo el desalojo en cuadrículas.

Es preciso indicar que entre las opciones que baraja el gobierno para enfrentar esta situación es que las familias conformen cooperativas para así comprar un terreno.

Al respecto, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, dijo que esperan llegar a un preacuerdo con los dueños del terreno y así evitar el desalojo por la fuerza.