La Corte de Apelaciones de Valparaíso fijó para el 27 de febrero el inicio del desalojo de la megatoma de San Antonio. Debido a la cantidad de familias que vive en el asentamiento irregular, el proceso se realizará en etapas y de forma paulatina.
Tras el rechazo de los recursos presentados por el Gobierno y los habitantes de la megatoma, la Corte de Apelaciones puso fecha al desalojo del terreno solicitado por el propietario.
De esta forma, con el auxilio de la fuerza pública, se fijó para el 27 de febrero, a las 10:00 horas, llevar a cabo el desalojo del terreno. Medida que eso sí, considerando el número de las familias que residen en el lugar (4.100) se efectuará “en etapas” para que “sea efectuado de forma razonable y paulatinamente”.
Gobierno por desalojo: “No es un acto inminente”
Ante esta información, el Gobierno emitió una declaración pública, donde llaman a la calma, ya que el inicio del desalojo será en “etapas y de forma razonable, por lo que no es un acto inminente”.
En el escrito aseguran que respetan las resoluciones de la justicia y que lo que ocurre en San Antonio es un “problema nacional, considerando que tenemos 1.432 campamentos distribuidos a lo largo del país”.
También expusieron las gestiones que han realizado para llegar a un acuerdo entre las partes, actuando como intermediario entre los dueños del terreno y las familias que viven en la toma. Es más, aseguran que esta tarde el ministro Carlos Montes se reunió con uno de los propietarios.
Entre dichas labores también está que las familias se organicen en cooperativas y puedan adquirir de esa forma un terreno. Desde el Ejecutivo aseguran que 3.200 ya están inscritas para su conformación.
En ese contexto, el próximo lunes, el Minvu, el Ministerio del Interior y los propietarios se reunirán para buscar una solución, en consideración que un desalojo de esta índole, tiene dificultades debido a las 4.100 familias que conforman la toma.
Y es que de acuerdo con el catastro realizado por el Minvu en agosto de 2024, se estableció que 10 mil personas viven en este megacampamento, de los cuales el 33% son menores de edad.
“Sabemos que esta no es una situación fácil, por eso seguimos trabajando con fuerza en una solución definitiva que deje conforme a todas las partes involucradas”, cerraron.
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