El Gobierno informó que esperan este sábado entregar el primer catastro sobre casas afectadas por el megaincendio en Viña del Mar, aunque preliminarmente estiman entre 270 a 350 las viviendas con algún grado de daño.
El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, informó la tarde del viernes que este sábado entregarán un primer catastro sobre los damnificados por el megaincendio que afectó las últimas horas a Viña del Mar.
Desde La Moneda, el ministro dio un punto de prensa donde explicó que unos 70 funcionarios públicos se encuentran realizando el catastro de personas damnificadas producto del megaincendio, y que esperan este sábado entregar el primer avance.
“La idea es poder avanzar en una fase de catastro que nos permitan identificar cuántas familias y en qué condiciones está cada una de ellas. Hay más de de 70 funcionarios públicos certificados y calificados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia “que han estado catastrando durante toda esta tarde para poder mañana, a primera hora, tener un reporte de cuántas familias estarían hoy damnificadas y de esa manera poder allegar los recursos, las ayudas que se requieren en una primera respuesta”, afirmó Jackson.
En la misma línea, el secretario de Estado indicó que todavía es complicado realizar una estimación sobre las casas afectadas por el incendio, pero que preliminarmente calculan entre 270 a 350 las viviendas dañadas y/o consumidas.
“Estamos hablando de que, preliminarmente, se habla de entre cerca de entre 270 a 350 viviendas siniestradas, por lo tanto, estamos esperando cuál es el catastro final y saber cuántas personas involucradas en dichas viviendas había, pero el Presidente nos ha mandatado a entregar toda la ayuda que sea necesaria”, añadió.
Consultado sobre si se le entregará bonos o ayuda a personas que están en terrenos ocupados de manera irregular, dijo que esta es una situación humanitaria, por lo que una vez tenido el catastro completo, se focalizarán las ayudas y planificación de reconstrucción.
Ante la gravedad de la emergencia, el Gobierno decretó estado de excepción constitucional de catástrofe, mientras que el Ministerio Público inició una investigación para determinar si el fuego se inició de forma intencional.
