Diversas reacciones dejaron las medidas cautelares que otorgó el Juzgado de Garantía de Talcahuano a ejecutivos de ENAP, los que fueron imputados por delitos de contaminación en Bío Bío y Quintero-Puchuncaví en 2018.
Las reacciones se dan luego de que se rechazara la prisión preventiva presentada por los querellantes y se que se acogieran las medidas de arraigo nacional y firma mensual para los altos cargos de la empresa nacional.
Priscila Pacheco, vocera del cabildo abierto de Quintero y Puchuncaví, señaló que hasta el día de hoy, niños de las comunas afectadas se ven perjudicados por la contaminación en las denominadas zonas de sacrifico.
Asimismo, instó a los ejecutivos a asumir “de una buena vez que tomaron malas decisiones y que esas decisiones afectaron a más de 1.700 niños”.
Por su parte, el diputado de Convergencia Social y miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, Diego Ibáñez, señaló que la ley chilena está lejos de reparar los daños que se les hizo a quienes habitan en las zonas afectadas.
Además, mencionó que “nuestra legislación beneficia a los empresarios, estableciendo muy difícil una relación de causalidad entre el contaminante y la empresa que emana este contaminante”.
Mientras tanto, el senador Francisco Chahuan (RN), señaló que la investigación debe seguir su curso y que los hechos ocurridos no deben quedar impunes.
En esa misma linea, el senador Ignacio Latorre (RD) dijo esperar que la justicia pueda sancionar a las empresas responsables de las masivas intoxicaciones en Quintero y Puchuncaví.
Desde la defensa de ENAP, señalaron que “no se puede establecer ninguna vinculación entre lo expuesto por el Ministerio Público con los daños que las victimas dicen haber sufrido en estas dos regiones”.
