Nacional
Viernes 05 abril de 2019 | Publicado a las 19:51
Municipio de Nogales niega orden de Contraloría para reintegrar a trabajadores de salud despedidos
Por María José Villarroel
La información es de Gonzalo Olguín
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La Municipalidad de Nogales neg√≥ haber sido instruida por la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica, para restituir en sus cargos a tres trabajadores despedidos del √°rea de salud de la instituci√≥n.

La Dirección Provincial de la Central Unitaria de Trabajadores en Quillota acusó que los funcionarios tenían fuero sindical y maternal.

Se trata de tres funcionarios del √°rea de la salud del municipio, y puntualizan que una trabajadora contaba con fuero maternal cuando fue despedida.

Sergio Olivares, presidente provincial de la Central Unitaria de Trabajadores, dijo que es inaceptable que una autoridad comunal desconozca las normas y atribuciones que tienen otros organismos.

El presidente de la Asociaci√≥n de Funcionarios N¬į 2 de Salud de Nogales, Francisco Past√©n, dijo repudiar el manifiesto desapego al ordenamiento jur√≠dico que mantiene la alcaldesa, acus√°ndola de declarar abiertamente que Contralor√≠a deba involucrarse en estas materias.

Seg√ļn Past√©n, en la municipalidad se ignora la jurisprudencia administrativa que obliga a los organismos del Estado a justificar sus decisiones, y plantea que es la comuna la que se resiente por falta de profesionales con experiencia.

Joao Marchant, concejal de Nogales, acus√≥ que se mantiene un sistema arbitrario que vulnera los derechos de los trabajadores, apuntando que en el municipio existe una “ley del terror”.

El director de la Unidad Jurídica de la Municipalidad de Nogales, Alejandro Borbarán, tiene una versión completamente distinta. Lo primero es que negó que hayan recibido la orden de Contraloría de restituir a los funcionarios despedidos.

Borbarán, cuestionó a los denunciantes por ventilar conflictos internos, insistiendo en que el lugar para discutir las razones de los despidos o no renovaciones de contrato es en tribunales.

Marchant también denunció que para evitarse el pago de horas extras, la alcaldesa corrió el horario de ingreso de los funcionarios, que ahora va desde las 11:00 y 20:00 horas, lo que interpretan como una vulneración injustificada de la vida personal de los trabajadores.

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