Para este jueves está programada la audiencia preparatoria del juicio oral de una querella particular que presentó Félix Áviles, padre de Rodrigo Avilés, en contra del exsargento segundo de Carabineros Manuel Noya, quien operaba el carro lanza aguas que impactó al estudiante de letras hispánicas el 21 de mayo del 2015.

Noya, fue formalizado y alejado de la institución de tras el hecho que casi terminó con la vida de Avilés, mientras que la audiencia considera al Ministerio Público, el padre de Rodrigo y el Instituto Nacional de Derechos Humanos con tres acusaciones distintas.

El Ministerio Público acusó por lesiones graves, el INDH por homicidio frustrado y la familia por el código de la justicia militar, con el cargo de violencia innecesaria.

Félix Avilés tildó la audiencia como “decisiva” en este caso, explicando que la solicitud de la pena está contenida en la acusación particular que hicieron, y puede llegar hasta los 10 años de presidio efectivo contra el exuniformado.

El abogado -y también padre de Rodrigo-, por un lado cuestionó porqué Noya sigue con abogados financiados por Carabineros, considerando que fue dado de baja a solo días de ocurrido el hecho el 2015, por lo que lamentó que el estudiante va a pasar por el llamado proceso de “revictimización”, al relatar nuevamente la traumática experiencia.

El argumento inicial de la acusación, es que al momento en que Noya disparó el carro lanza aguas en la intersección de avenida Pedro Montt con Carrera, no existían las condiciones reglamentarias para utilizar las llamadas fuerzas de represión y lanzar el chorro.

Rodrigo Avilés quedó con un traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conciencia, además de distintos tipos de hematomas y hemorrágeas cerebrales por las que fue operado en reiteradas ocasiones, presentando con el pasar de los meses episodios de convulsiones.

Respecto de la responsabilidad institucional de la policía uniformada, Félix explica que eso se verá más adelante en el proceso judicial, pero sí apuntó que mantienen las querellas por la responsabilidad del alto mando, específicadas en la figura de los exdirectores generales Gustavo González Jure y Bruno Villalobos.