El estudio de factibilidad económica para la creación de la región de Aconcagua será licitado en el primer semestre de 2019, luego que el actual Gobierno criticara el informe emanado de la administración de Bachelet.

Las principales críticas apuntan a presunta falta de objetividad y validez, aunque de todas formas será la base para darle continuidad al proceso.

El subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, aseguró que garantizarán la independencia técnica para evaluar seriamente la creación de la nueva región y se refirió a la metodología a implementar.

“No podemos aplicar nueva metodología porque ya hay un estudio de factibilidad técnica desarrollado por la administración anterior” sostuvo Salaberry, añadiendo que lo que se busca es darle continuidad a ese proceso pero “con un énfasis en la independencia y objetividad técnica de los organismos a quienes se les encarga ese proceso”.

Por su parte, el abogado Claudio Gomez, de la corporación de Aconcagua Región, valoró el anuncio del subsecretario Salaberry, indicando que es un paso importante para concretar los anhelos de conformar una nueva región.

“Creemos que es un paso importante en el proceso de la creación de la región de Aconcagua, que se traduce en este estudio financiero”, indicó el jurista agregando que esperan que una vez finalice el estudio económico “se realicen todas las gestiones necesarias para enviar el proyecto de ley, en este Gobierno o en el próximo”.

En tanto, eL Alcalde Nelson Venegas, presidente de la Asociación de Municipios de Aconcagua, dijo que el anuncio evidencia la fuerza de las organizaciones y líderes políticos trabajando en su conjunto.

“Cuando estamos unidos detrás de objetivos y somos capaces de dejar nuestros objetivos personales por bienes en común, podemos lograr nuestros objetivos los acongahuinos”, detalló Venegas.

De todas formas, autoridades y movimientos sociales viajarán mañana a la región Metropolitana para entregar en La Moneda una carta dirigida al Presidente, firmada por senadores, diputados, cores, alcaldes, concejales y dirigentes ciudadanos para, según aseguraron, obtener una respuesta formal mediante un oficio, más allá de lo informado por subsecretario a través de medios de comunicación.