Fue ante el notario público, Ernesto Paul Montoya Peredo, se firmaron tres mandatos para "Alejandro Mendoza Lara" en relación a la venta de vehículos. Sin embargo, hasta la fecha de esta publicación este hombre se encuentra en prisión preventiva, por lo que su comparecencia en el recinto de Rancagua era físicamente imposible. Ante este hecho, se inició un proceso judicial que está rotulado preliminarmente como estafa y se registran más de 7 víctimas, y se cuantifica en unos 220 millones de pesos.

Un curioso caso ocurrió en la ciudad de Rancagua, región de O’Higgins, donde el notario Ernesto Paul Montoya Peredo, autorizó tres mandatos de venta de vehículos ante una persona que estaba privada de libertad, por lo que es imposible que haya comparecido ante la notaría.

Este caso preliminarmente está rotulado como un delito de estafa, el cual está cuantificado en 220 millones de pesos aproximadamente.

El abogado defensor de estas tres víctimas, Remberto Valdés, dijo que esta grave situación tiene más de siete víctimas y “todavía el notario no da una explicación razonable de su conducta”.

“Los antecedentes que hemos acompañado indican que la cédula de identidad que se exhibe, no corresponde tampoco al preso. Quien va ante el notario es una persona con el pelo larguísimo, sumamente ‘chascón’ y joven, y el hombre preso es de pelo corto y de mucha mayor edad”, dijo el abogado en entrevista con Expreso Bío Bío.

Una camioneta de 34 millones de pesos

“Uno de mis clientes está en su casa un día domingo, llega una pareja de carabineros de la Sección de Búsqueda de Vehículos Robados, y le dice señor venimos a buscar su camioneta, por la cual había pagado 34 millones de pesos, en dinero en efectivo”, dijo Valdés.

El abogado señaló que esta camioneta fue robada, ya que de algún modo se hicieron de papeles falsos. “Mi cliente le dice yo tengo el contrato notarial, aquí está el señor Montoya de Rancagua, que autoriza todos estos antecedentes, yo confirmé de que esta firma electrónica es efectivamente del notario y frente a eso compré”, explicó.

Denuncia por la autorización ante notario

“El Notario Sr. Montoya Peredo autorizó con su firma y timbre, declarando
que el compareciente firmó ante él, y acreditó su identidad con la cédula (…)”, se lee en una de las denuncias presentadas.

“Ahora, el motivo de la denuncia y los ilícitos cometidos, es que resulta imposible que don Alejandro Eugenio Mendoza Lara haya comparecido en dicha fecha, a Notaría de Rancagua, ni a cualquier otra, toda vez que dicha persona fue detenida el día 18 de agosto de 2020 en la comuna de Chillán Viejo, y el 19 de agosto de 2020 fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Chillán, declarándose legal su detención y acto seguido fue formalizado por los delitos de Receptación de Vehículos y Conducción de vehículo con placa patente no correspondiente”, se detalla.

Huella dactilar

Además, el abogado señaló que no se comprueba la huella dactilar de la persona que llega a comparecer ante el notario Ernesto Montoya.

“El notario Montoya a nuestro juicio ahorra mucho dinero sin tener el sistema biométrico de constatación de identidad que manejan ordinariamente muchas notarías de Chile, y por eso acepta esta comparecencia en tres oportunidades por varios millones de pesos que permiten que mis clientes sean estafados”, fustigó Valdés.

Tambien indicó que “acá estamos hablando de cuyas personas sus vehículos fueron vendidos por una parte, y quienes compran de buena fe esos vehículos”.

El abogado dijo que esto es una asociación ilícita criminal conformada por diversas personas, todas vinculadas a la delincuencia.

“El mismo preso comparece tres días distintos”

“La misma persona en tres fechas distintas, el mismo preso comparece tres días distintos a firmar ante el mismo notario, ¿como no le va a llamar la atención al notario de que exista un señor que va en muy poco tiempo a dar tres mandatos por ventas de más de 100 millones de pesos en vehículos?”, señala el abogado defensor.

Valdés dijo que el notario debe asumir su responsabilidad por los delitos ministeriales “¿Para qué tenemos notarios que se definen como ministros de fe pública, si no podemos confiar en su trabajo?”, fustigó.

Corte de Apelaciones de Rancagua

“El notario tiene derecho a defenderse, el fiscal que sea nombrado por la Corte o fiscal judicial, tiene que notificarle de estas denuncias que han planteado mis tres clientes”, dijo el profesional.

Después de eso el fiscal lee un dictamen de la Corte de Apelaciones de Rancagua, y esta decide -previo a los alegatos del abogado defensor de las víctimas- sancionar o no al notario.

Víctimas a nivel nacional

Hasta el momento se señala que son 8 las víctimas estafadas en no menos de 300 millones de pesos.

-Chillán: 1 persona
-Los Ángeles: 2 personas
-Rancagua: 3 personas
-Santiago: 2 personas

BioBioChile intentó contactar a la notaría en cuestión para obtener su versión de lo sucedido, pero al cierre de la nota no respondieron.