Un abogado de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de Quillón fue formalizado por el delito de cohecho, después de ser denunciado por una usuaria de la repartición por pedirle el 20% de una indemnización, obtenida tras un fallo favorable.

Según explicó el fiscal (s) Andrés Salgado, el Código Penal sanciona, en este caso, al empleado fiscal que solicitare o aceptare beneficio económico para sí, con el fin de ejecutar o haber ejecutado un acto propio de su cargo.

Además, durante el desarrollo de la investigación, el Ministerio Público acreditó que en 2015 el mismo abogado, Jaime Riveros Aedo, solicitó ilegalmente dinero a otra usuaria de la CAJ, hecho por el cual también fue imputado el profesional.

La audiencia de formalización se realizó en el Juzgado de Garantía de Bulnes, decretando el magistrado David Bravo un plazo de 90 días para concluir la investigación, quien además fijó una audiencia para explorar la posibilidad de una salida alternativa o un procedimiento abreviado, al tener aparejado delito de cohecho una pena por debajo de los cinco años.