El Ministerio Público deberá pagar 25 millones de pesos al calificar la justicia como discriminatoria la destitución de una funcionaria de la Fiscalía de Chillán el año pasado, acreditándose el acoso laboral denunciado contra el persecutor jefe Pablo Fritz.
Ana María Martínez se desempeñó en el Ministerio Público desde 2003, trabajando en un principio en la Fiscalía de Quirihue, pero no fue hasta su traslado a Chillán que comenzaron los maltratos atribuidos al fiscal jefe de esa repartición, Pablo Fritz.
Una serie de maltratos, que incluyeron llamados de atención, cambios de funciones y recarga laboral, terminaron con la destitución de la funcionaria en febrero del año pasado, tras un sumario administrativo.
El despido fue denunciado a través de una demanda laboral, acción legal acogida al constatarse una discriminación que para la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público reconoce los derechos de los trabajadores, según subrayó la presidenta del gremio Luz María Fernández.
Y es que a Ana María Martínez se le removió por utilizar el correo institucional para fines personales, con un detrimento para la Fiscalía estimado en 10 mil pesos, no obstante ese irregular uso del sistema de correspondencia también había sido usado por otros funcionarios, quienes no fueron investigados.
Para la dirigenta sindical, el sumario contra la hoy exempleada del Ministerio Público fue el corolario del historial de acoso laboral, y de ahí la indemnización de casi 25 millones de pesos otorgada.
La Fiscalía Regional de Ñuble informó que no se referirá al fallo del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en contra del Fisco de Chile por existir un plazo vigente en el que el Consejo de Defensa del Estado puede evaluar una presentación.
