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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas asumió la competencia para investigar la muerte del cabo segundo del Ejército Carlos Palacio Muñoz en la Cuarta Brigada Acorazada de Chorrillos. Se solicitó que el caso pase a la justicia civil, argumentando un posible cuasidelito de homicidio y no un acto militar. Se destacó la falta de orden previa y protocolos en la prueba acuática donde ocurrió el deceso. El Instituto Nacional de Derechos Humanos se querelló por apremios ilegítimos con resultado de muerte.

Durante la mañana de este viernes, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas se declaró competente para investigar la muerte del cabo segundo del Ejército Carlos Palacio Muñoz, ocurrida al interior de una laguna en la Cuarta Brigada Acorazada de Chorrillos, el 4 de marzo de este año.

Durante la audiencia, tanto la defensa como el Ministerio Público solicitaron que la causa salga de la justicia militar y pase definitivamente a la justicia civil, argumentando que los hechos corresponden a un posible cuasidelito de homicidio y no a un acto de servicio militar.

El abogado Cristopher Marchant, defensor del capitán del Ejército, Felipe Javier Oliva Osorio, aseguró que no existió una orden previa. “Por tanto, no estamos en presencia de un acto del servicio. Al perder este elemento funcional, automáticamente se nos convierte en un delito común realizado por militares dentro de una unidad militar, debiendo ser únicamente la competencia de este Juzgado de Garantía como competencia civil”, dijo.

Según los antecedentes expuestos, el fallecimiento ocurrió durante una prueba acuática realizada en una laguna al interior del recinto militar, actividad que habría sido organizada por dos sargentos sin autorización institucional ni protocolos oficiales del Ejército.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) también se hizo parte de la causa, presentando una querella criminal por apremios ilegítimos con resultado de muerte, señalando que podría existir vulneración a los derechos humanos.

La resolución del tribunal permitirá que la investigación continúe bajo la jurisdicción del Ministerio Público en Arenas, mientras se desarrollan nuevas diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte del uniformado.