La ministra de Obras Públicas, Jessica López, destacó que el oficio apunta a "aligerar los requisitos para las obras de menor tamaño". Sin embargo, tanto la Corporación Regional de Comités de APR, como la senadora María José Gatica, criticaron la ralentización que provocaría en los procesos de aprobación de proyectos de infraestructura pública, principalmente, en los sistemas de agua potable en zonas rurales.

En el marco de su visita a Valdivia, la ministra de Obras Públicas (MOP), Jessica López, defendió el oficio número 1 del 31 de enero de 2023 de los ministerios de Hacienda y de Desarrollo Social, que plantea una mayor revisión a los proyectos públicos.

En concreto, el escrito dispone que los proyectos de conservación de infraestructura pública sean revisados y aprobados por la Subsecretaría de Evaluación Social, para el control y buen uso de los dineros fiscales.

Anteriormente, estos pasaban directamente a la Dirección de Presupuesto para la obtención de recursos.

La secretaria de Estado afirmó que dicho instrumento ya está en curso, exponiéndose en la Comisión de Obras Públicas del Senado, con modificaciones para dar facilidad en la tramitación a obras inferiores a las 5 mil UTM y que no pasen el 30% del costo total de la infraestructura por conservar.

Sin embargo, los senadores pidieron que el oficio quedara sin efecto o al menos suspendido, por retrasar proyectos de Infraestructura Hidráulica Agua Potable Rural (APR), vitales en un contexto de crisis hídrica en el país.

A pesar de esta situación, la titular del MOP aseguró que la medida ya está tomada.

“Vamos a poder agilizar obras y recuperar en cierta manera el ritmo de inversión”, destacó.

“El oficio no queda sin efecto. Esto es una decisión ya adoptada y lo que se hace es modificar ese oficio, de manera de aligerar los requisitos para las obras de menor tamaño“, explicó.

Senadora de Los Ríos califica de “tozudez” decisión del Gobierno

La decisión fue criticada por la senadora por Los Ríos, María José Gatica (RN), integrante de la Comisión de Obras Públicas.

“Es una tozudez de parte de este Gobierno implementar medidas administrativas que dan más burocracia para los proyectos de conservación de agua potable rural. Esto dificulta mucho más la respuesta que se le debe dar a los requerimientos que tienen los dirigentes y las familias de nuestro territorio, específicamente, de la ruralidad”, expresó.

Para el presidente de la Corporación Regional de Comités de APR, Fabián Carrasco, la medida perjudica a la gente más humilde y de las zonas más apartadas del país.

“No cae muy bien, porque seguimos sintiendo que nos están dejando de lado en la conversación. Un comité de agua potable, entre que nace y tiene su infraestructura, pueden pasar 6, 10 o 15 años“, detalló.

“Con esto vamos a seguir retrasando esos procesos y, lamentablemente, quienes sufren es la gente más humilde de los sectores rurales y más alejados de la región y del país en general”, lamentó.

Hay que indicar que este oficio está destinado a regular la conservación no solo de los APR, sino que de toda infraestructura pública.

Según indicó el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, este proyecto estará en marcha blanca hasta 2024.