La directora de desarrollo comunitario Los Lagos exige la indemnización de $25 millones al municipio por presunta vulneración de derechos, hostigamiento, afectación a la integridad psíquica y que mermaron sus actividades de trabajo

Para septiembre quedó fijado el juicio entre la Municipalidad de Los Lagos y la directora de desarrollo comunitario del municipio por presunta vulneración de derechos y afectación a la integridad psíquica. La funcionaria acusa, entre otras situaciones, que fue despojada de su oficina y mermaron sus actividades de trabajo.

El pasado lunes se desarrolló la audiencia de preparación de juicio, en el marco de acciones legales presentadas por Yordana Muñoz, directora de desarrollo comunitario de la Municipalidad de Los Lagos, contra la propia casa edilicia.

La demanda de Muñoz, quien se desempeña en el cargo señalado desde la anterior administración municipal, se basa en una presunta vulneración de derechos fundamentales y afectación a su integridad psíquica, indicando que lo anterior comenzó desde que asumió el actual alcalde, Aldo Retamal.

En conversación con Radio Bío Bío Valdivia, la demandante señaló que, entre otras situaciones, fue despojada de su oficina y un apoyo administrativo, mermando sus funciones, lo que, según manifestó, repercutió en una enfermedad profesional.

Jaime Gallardo, abogado que representa a la funcionaria municipal de Los Lagos, indicó que la acción legal por vulneración de derechos fundamentales, está aparejada con una demanda de indemnización de perjuicios por daño moral, exigiendo que culmine el hostigamiento en su contra y que el municipio se haga cargo del pago de la indemnización, que ascendería a los 25 millones de pesos.

La audiencia de juicio quedó fijada para el próximo 22 de septiembre, sin embargo, en el caso de que las partes decidan, eventualmente, iniciar un acuerdo, este podría comenzar a ser gestionado desde antes de esa fecha.

Radio Bio Bío tomó contacto con la Municipalidad de Los Lagos, donde indicaron que no se referirán al tema, hasta que exista una resolución al respecto, para no entorpecer el proceso.