El Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia ordenó al fisco a pagar más de $8 millones a un exfuncionario de la Gobernación de Valdivia, quien es militante de la Democracia Cristiana y fue reemplazado tras el cambio de Gobierno por uno de Renovación Nacional

El Tribunal de primera instancia acogió parcialmente una demanda por la desvinculación de este exfuncionario que trabajó desde marzo de 2014 hasta abril de este año, pero que fue desvinculado.

Para el Juzgado, la terminación del contrato obedeció a una cuestión de carácter político y sin haber otra causal probada, se vulneró la prohibición de la no discriminación consagrado en el Código del Trabajo, y contenido además en la Constitución.

Según la demanda, la gobernadora María José Gatica -ligada a Renovación Nacional- le notificó verbalmente de su desvinculación, para que luego entregara los elementos de trabajo y abandonara el edificio.

La abogada del demandante, Ximena Águila Silva, indicó que que su representado es militante de la Democracia Cristiana, y a su partida, inmediatamente fue reemplazado por otra persona, que milita en Renovación Nacional.

El Tribunal condenó al fisco al pago de nueve remuneraciones, que en total supera los $8 millones, indicó la abogada.

Conocimiento de la gobernadora

La gobernadora provincial de Valdivia, María José Gatica, reconoció que sabían que el fisco podría ser demandado y pagar una millonaria multa del erario fiscal, en el caso de la desvinculación de un funcionario.

Consultada por el caso, María José Gatica, quien también está ligada a Renovación Nacional, indicó primero que dicha persona no tenía militancia, asintiendo luego cuando se le indicó que lo anterior quedó establecido desde el Servicio Electoral.

La autoridad agregó que como gobernación realizaron dos desvinculaciones como servicio, ya que el resto de funcionarios que venían de la administración anterior renunciaron.

En el caso en particular, dijo que este fue evaluado en Santiago, cargo que es de directa confianza de la gobernadora, asumiendo que con su desvinculación podrían haber consecuencias judiciales o costos al erario fiscal.

La gobernadora evitó profundizar sobre el por qué todos los chilenos deben pagar por una determinación como esta.

El Consejo de Defensa del Estado pidió el rechazo de la demanda, existiendo en esta causa aún recursos pendientes y que podrían ser resueltos en la Corte de Apelaciones de Valdivia. Además, porque la demandante exige otras indemnizaciones y sanciones por parte de la demandada.