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El exgobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín, declaró ante el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt por el caso Convenios, investigando el traspaso de $1.200 millones de la Corporación Kimün al Gobierno Regional durante su mandato. Fue cuestionado por nombramientos de confianza y la elección de entidades privadas en lugar del Ministerio de Bienes Nacionales. Vallespín justificó que este ministerio no abordaba casos complejos como el programa en cuestión. La Corporación Kimün desvió fondos destinados a regularizar títulos de dominio para pagar deudas de entidades educativas.
El exgobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín, está declarando este martes ante el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt por el caso Convenios, también conocido como caso Fundaciones.
Esto tiene relación con el traspaso de recursos entre 2022 y 2023, cuando presidía el Gobierno Regional. En concreto, se indaga la defraudación de $1.200 millones por parte de la Corporación Kimün a la repartición.
En la instancia fue consultado por los nombramientos de confianza que realizó, considerando que dos de los seis imputados son personas que él designó en cargos de relevancia.
También se refirió a las razones por las que se suscribieron estos programas con instituciones privadas y por qué en algunos casos no se recurrió al Ministerio de Bienes Nacionales para realizar el programa que hoy es materia de investigación de la Corporación Kimün.
En esa línea, Vallespín indicó que se debía a la mala evaluación que tenían los programas de ese tipo y que eran ejecutados por Bienes Nacionales. Además, señaló que dicho ministerio no tomaba casos tan complejos como los que querían abordar.
El exgobernador declaró vía telemática, ya que actualmente reside fuera del país.
La Corporación Kimün recibió del GORE $1.200 millones en 2022 para regularizar títulos de dominio de cerca de 800 familias rurales. No obstante, de acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía, los recursos se usaron para pagar deudas de entidades educativas vinculadas a la corporación (IP y CFT Los Lagos).
Los seis imputados en este caso están acusados de delitos como fraude al fisco, estafa, soborno, cohecho y lavado de activos.
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