El Tribunal de Garantía de Osorno decretó arraigo nacional contra la funcionaria municipal involucrada en el caso de cohecho agravado en el municipio de San Juan de la Costa, por la presunta solicitud de aportes económicos a cambio de la adjudicación de viviendas sociales.

En las dependencias judiciales se realizó la audiencia, a la cual sólo llegó la funcionaria que ocupa el cargo de administradora municipal y que ha sido incluso alcaldesa subrogante en el ayuntamiento costeño, identificada como D.L.B.R.

Respecto al segundo imputado, identificado con las iniciales L.A.A.C. , éste no se presentó, debido a problemas con su notificación. Por este motivo, se fijó una nueva audiencia de formalización de cargos, para el 28 de noviembre próximo.

La fiscal Carolyn Konrad expuso en la audiencia los hechos que fundamentan la acusación, relatando que en su calidad de alcaldesa subrogante, la funcionaria adjudicó la construcción de 30 viviendas a la empresa Trainning Concepción, por un valor de 744 millones de pesos.

Sin embargo, se cuenta con correspondencia electrónica entre los acusados, donde se solicitan aportes económicos por ello, esto es un millón de pesos por cada vivienda.

El representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Daniel Medina Berrocal, explicó que para ellos y el Ministerio Público este caso de trata de cohecho en grado de consumado.

Si bien el Ministerio Público solicitaba 150 días de plazo de investigación, finalmente se determinó que sean 100. Y es que la defensa de la imputada cuestionó el largo periodo de desformalizada que tuvo la investigación, por lo que a su juicio sólo amerita 75.

Medina Berrocal restó importancia a tal argumento, afirmando que cuando se persiguen delitos de corrupción se necesita un largo periodo de pesquisas.

De hecho, la fiscal Konrad sostuvo se encuentran a la espera de los peritajes respectivos, principalmente a las cuentas bancarias, los que demorarían por lo menos 60 días.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)