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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El copresidente de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, Alfredo Moreno, defendió los 4 mil millones de dólares destinados a una ley de reparación de víctimas y un fondo de reparación de tierras, argumentando que es una cifra basada en un catastro real.

El copresidente de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, Alfredo Moreno, defendió la cifra de 4 mil millones de dólares que ha sido objeto de cuestionamientos, asegurando que corresponde a un catastro real.

Asimismo, advirtió que, de mantenerse el sistema actual, esa cifra continuará en aumento.

El informe, ya entregado al Presidente de la República, Gabriel Boric, propone una ley de reparación de víctimas y un fondo de reparación de tierras por un monto de 4 mil millones de dólares.

No obstante, el principal cuestionamiento radica en la falta de claridad respecto al origen de los recursos destinados a las víctimas, así como en la forma en que se obtendrán esos fondos.

En conversación con Radio Bío Bío, el copresidente de la Comisión Para la Paz y el Entendimiento, Alfredo Moreno, aclaró que las cifras no son inventadas, sino que corresponden a un catastro realizado durante dos años, y subrayó que se trata de fondos que ya existen y que no han sido utilizados de forma inteligente.

A su vez, Moreno reconoció que el informe ha recibido críticas incluso antes de hacerse público.

Algunos sectores mapuches lo consideran insuficiente por no abordar temas como el genocidio histórico, mientras que desde la derecha política se reclama la falta de énfasis en el terrorismo.

Pese a ello, insistió en que el informe obtuvo un amplio consenso dentro de la comisión, lo cual refuerza su legitimidad, llamando a leer y comprender el informe antes de emitir juicios.

El exministro también advirtió que este problema no se resolverá durante un solo gobierno, ya que la implementación de las propuestas requerirá una consulta indígena, lo que tomará al menos un año, y luego la tramitación de leyes en el Congreso.

Por eso, recalcó la necesidad de una política de Estado, sostenida en el tiempo, que trascienda ciclos políticos y tenga continuidad.