VER RESUMEN

Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La justicia declaró admisible la querella presentada por la defensa del exseminarista Luis García Huidobro, acusando a funcionarios públicos de intentar incriminarlo falsamente en un atentado incendiario ocurrido en Carahue, región de La Araucanía, en 2021.

La justicia declaró admisible la querella en contra de funcionarios públicos que presentó la defensa del exseminarista, Luis García Huidobro, acusando que se le intentó incriminar falsamente de haber participado de un atentado incendiario ocurrido en 2021 en Carahue, región de La Araucanía.

Seis meses estuvo en prisión preventiva el exseminarista, tras ser detenido en marzo del 2024 por su presunta participación en el hecho ya señalado.

Sin embargo, a mediados de diciembre recién pasado, la Fiscalía de Alta Complejidad decidió no perseverar en la causa, ya que los antecedentes recopilados eran insuficientes para sostener una acusación en contra del imputado.

El exseminarista ahora se encuentra en libertad y asegura que se le intentó incriminar falsamente de los delitos de incendio y robo con intimidación por los hechos ocurridos en Carahue, afirmando que funcionarios de la PDI y del Ministerio Público cometieron graves irregulares.

El abogado de García Huidobro, Tomás Palacios, dijo que la querella es en contra de todos los funcionarios públicos que resulten responsables y los ilícitos tiene relación con obstrucción a la investigación, espionaje informático y faltar maliciosamente a la verdad en un informe policial.

El profesional entregó detalles de la acción legal, indicando que lo más grave tiene que ver con los cuestionamientos al reconocimiento fotográfico y el ocultamiento de declaraciones, entre otros.

A través de un comunicado que circula en redes sociales, el exseminarista señala que durante la investigación en su contra se manipularon pruebas para presionar a los jueces que ordenaron su detención y posterior prisión preventiva.

Además, que los funcionarios públicos habrían inducido a un falso testimonio en una víctima y falsificar informes para vincularlo al ataque incendiario, como también ocular evidencia que acreditaba que se encontraba lejos de ese lugar.

En la querella, que declaró admisible el Juzgado de Garantía de Temuco, también solicitan que un fiscal regional distinto al de La Araucanía sea el encargo de liderar la investigación.