El fiscal de Alta Complejidad Carlos Cornejo, de la Fiscalía de La Araucanía, explicó detalles de cómo se realizo la defraudación y lo resuelto por el juzgado.
En prisión preventiva quedaron los imputados Rinett Ortiz y Juvenal Ortiz Rivera, quienes fueron formalizados por los delitos de administración desleal y lavado de activos en el contexto de el caso Fundaciones en la Región de La Araucanía.
Ambos imputados fueron detenidos este viernes, en el marco de una investigación que lleva adelante la Fiscalía de Temuco, luego de no finalizar un convenio de $730 millones con el Gobierno Regional.
El Juzgado de Garantía de Temuco determinó la prisión preventiva para ambos imputados, justificando su decisión en que la libertad de los sujetos es un peligro para la seguridad de la sociedad.
El fiscal de Alta Complejidad Carlos Cornejo, de la Fiscalía de La Araucanía, explicó detalles de la imputación y lo resuelto por el juzgado.
“El Tribunal acogió todas aquellas alegaciones que fueron expuestas por parte del Ministerio Público y en definitiva, estimó que ambos delitos concurrían y en base también a ese mérito es que dispuso la prisión preventiva para ambos imputados”, dijo el fiscal.
La investigación del caso conocido como “Caso Manicure” dio un nuevo giro este viernes, cuando la Policía de Investigaciones detuvo a los hermanos Ortiz Rivera, responsables de las fundaciones FOLAB y EDUCC.
Ellos recibieron $730 millones de pesos del Gobierno Regional de La Araucanía para impartir cursos de corte de cabello; masoterapia; colorimetría; manicure y pedicure, a 200 mujeres de sectores vulnerables de Temuco y Padre Las Casas.
Sin embargo, los cursos nunca se realizaron y el dinero fue desviado a otras cuentas bancarias, según la querella presentada por el GORE el pasado 4 de agosto, que fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Temuco.
El fiscal Carlos Cornejo entregó más detalles de cómo se dio la defraudación, asegurando que la postulación y entrega de dinero por parte del Gobierno Regional a las fundaciones data de septiembre de 2022.
Añadió que, pese a que los imputados recibieron cerca de 730 millones de pesos, tras una serie de movimientos bancarios, “los montos que fueron objeto de defraudación ascienden aproximadamente a 632 millones de pesos”.
