En prisión preventiva quedaron cuatro gendarmes y un civil acusados de integrar una red criminal que ingresaba droga y elementos prohibidos a recintos penitenciarios para abastecer a reos a cambio de dinero. Estos ilícitos se perpetraron desde 2021 en Illapel (región de Coquimbo) y en las regiones Metropolitana y del Bío Bío.
Los imputados fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Illapel por los delitos consumados de asociación criminal, tráfico ilegal de drogas, lavado de activos, cohecho e ingreso de elementos prohibidos a recintos penales.
Por dos días se extendió la audiencia, instancia donde la jueza Andrea Rojas Cortés resolvió dejar privados de libertad a los imputados, argumentando que “nos encontramos ante una red criminal organizada que operaba desde el interior del Centro de Detención Preventiva de Illapel, afectando gravemente la seguridad de un recinto penal del Estado”.
Para establecer la cautelar más gravosa, la jueza tuvo en consideración que los formalizados arriesgan sanciones como el presidio mayor en los grados medio a máximo. Además, al haber actuado en grupo o pandilla mediante el uso de funciones públicas, “configuran un estándar normativo objetivo de peligro para la seguridad de la sociedad”, explicó la magistrada en la audiencia.
Cautelares menores para otros imputados
En el procedimiento realizado por la Policía de Investigaciones se detuvo a 16 personas en total, entre las cuales había cinco gendarmes por su presunta participación en la red de asociación criminal.
Respecto al quinto funcionario de Gendarmería involucrado, el tribunal desestimó su participación en los delitos de asociación criminal y tráfico ilícito de drogas, dando solo por acreditados los delitos de cohecho e ingreso de dispositivos electrónicos a establecimientos penitenciarios.
En su caso, el imputado quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse o comunicarse con los coimputados.
En la causa, la jueza desestimó los delitos de asociación criminal y tráfico ilícito de drogas imputados por la fiscalía a otros tres imputados, y ordenó a su respecto las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional, firma mensual y la prohibición de acercarse o comunicarse con los coimputados.
Asimismo, se decretó prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad para dos imputadas como autoras del delito de tráfico ilícito de drogas.
A su vez, en la primera jornada, por acuerdo entre las partes y por tener una participación menor en los hechos indagados, otros cinco imputados quedaron sujetos a las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional (uno); y arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional (cuatro).
Hechos investigados
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, desde 2021 funcionó una organización criminal con asiento en la comuna de Illapel, cuyas operaciones se extienden a otras comunas del país de la región Metropolitana y del Bío Bío.
Esta organización estaba integrada por cinco miembros de Gendarmería, civiles e internos del Centro de Detención Preventiva de Illapel, cuyo propósito era adquirir, transferir, poseer, suministrar, guardar, portar e ingresar drogas al centro penitenciario de la comuna, junto a elementos prohibidos (teléfonos celulares, chips de teléfono), para entregarlos a internos de dicho recinto penal, a cambio de dinero.
Según las estimaciones, estas actividades ilícitas permitieron a la organización amasar ganancias calculadas en $223.209.732, monto que movían a través de cuentas bancarias y que utilizaron para la adquisición de bienes con el objeto de ocultar su origen ilícito.
El tribunal fijó en 120 días el plazo de investigación de la causa.
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