La detención de José Medina Ladera en Venezuela parecía marcar un punto de inflexión en la investigación de dos de los crímenes más impactantes ocurridos en la Región de Coquimbo durante los últimos años. Sin embargo, más de un año después de su captura, el principal imputado por los homicidios de Ana María Pizarro y María José Zambra continúa fuera del alcance de la justicia chilena.
Aunque los tribunales nacionales ya acogieron los antecedentes necesarios para solicitar su extradición, el proceso permanece paralizado en medio de dificultades diplomáticas que mantienen en incertidumbre a las familias de las víctimas y a los organismos encargados de la investigación.
Precisamente para conocer el estado actual del procedimiento, el pasado viernes se realizó una audiencia de autorización de diligencias en el Juzgado de Garantía de La Serena.
La instancia tuvo como objetivo requerir información actualizada sobre las gestiones realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores respecto de la extradición y la situación procesal del imputado en territorio venezolano.
Venezolano imputado por crímenes en Chile
José Medina Ladera permanece detenido en el estado de Carabobo y es el único formalizado por el homicidio calificado de María José Zambra, ocurrido en 2019, y por el femicidio de Ana María Pizarro, registrado en 2025.
El fiscal jefe SACFI, Eduardo Yáñez, explicó que resulta indispensable contar con antecedentes actualizados respecto de una causa de alta connotación pública que afecta directamente a las familias de las víctimas.
“Considerando la importancia que reviste para el proceso penal, para la fiscalía, las partes y especialmente para los familiares de las víctimas, solicitamos al Juzgado de Garantía de La Serena requerir información al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el estado de avance de la extradición. El tribunal acogió la solicitud y quedamos a la espera de esos antecedentes”, indicó.
El persecutor añadió que existe preocupación por la demora que ha experimentado el procedimiento y aseguró que la fiscalía ha mantenido contacto permanente con los familiares.
“Entendemos la inquietud de las familias de las víctimas, con quienes nos hemos reunido para escucharlas y atender sus consultas”, sostuvo.
Un proceso sin respuestas
Pese a que la justicia chilena autorizó la solicitud de extradición, el trámite no ha mostrado avances visibles. Uno de los principales obstáculos radica en la falta de canales diplomáticos fluidos entre Chile y Venezuela, situación que ha dificultado la materialización de las gestiones requeridas.
En este contexto, durante la audiencia, la parte querellante solicitó conocer formalmente qué acciones ha desarrollado Cancillería para dar curso a los requerimientos emitidos por la Corte de Apelaciones de La Serena.
La abogada de la familia de Ana María Pizarro, Ana María Araya, explicó que la diligencia buscó obtener información respecto de dos oficios enviados previamente por el tribunal de alzada.
“El primero dice relación con la solicitud de las gestiones necesarias para requerir la extradición activa de José Alejandro Medina Ladera, quien es el único imputado formalizado por los homicidios de María José Zambra y Ana María Pizarro”, señaló.
Oficios y estancamiento judicial
Respecto del segundo oficio, precisó que tiene por finalidad establecer cuál es la situación de detención del imputado y qué antecedentes oficiales existen actualmente sobre su condición judicial en Venezuela.
Según explicó, ambos requerimientos fueron canalizados mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que ahora esperan conocer cuáles han sido las acciones concretas desarrolladas por dicha cartera.
“Lo que se pretende es tener información respecto de cuál ha sido la gestión que el Ministerio de Relaciones Exteriores haya desarrollado a este respecto”, reiteró.
Araya agregó que la querella también ha realizado diligencias privadas para verificar la situación del imputado. Sin embargo, aclaró que cualquier antecedente incorporado formalmente a la investigación debe provenir de los conductos institucionales correspondientes.
“Como parte querellante hemos desarrollado diligencias particulares en Venezuela que han permitido constatar la privación de libertad del imputado, sin perjuicio de que la información oficial debe obtenerse por los conductos diplomáticos”, sostuvo.
Dos casos marcados por similitudes
La fiscalía atribuye a Medina Ladera la autoría de dos crímenes que presentan características similares.
En el caso de Ana María Pizarro, fue asesinada el 3 de abril de 2025, mismo día en que su familia perdió contacto con ella. Posteriormente, el cuerpo fue desmembrado y ocultado.
Antes de abandonar Chile, el imputado fue entrevistado por la PDI en calidad de testigo. En esa oportunidad, negó haberse reunido con la víctima. Sin embargo, nuevos antecedentes permitieron establecer contradicciones en su versión.
Y las similitudes con el caso de María José Zambra, ocurrido en 2019, reforzaron las sospechas. Los investigadores detectaron coincidencias en los lugares donde fueron encontrados los restos, en la forma de traslado y ocultamiento de los cuerpos y en otros elementos relevantes para la investigación.
Además, la fiscalía estableció que meses después de la muerte de Zambra fue activado su teléfono celular utilizando un chip asociado a un número previamente usado por Medina Ladera.
Todos estos antecedentes llevaron a formalizarlo por ambos hechos y a solicitar su extradición.
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