El abogado regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Jorge Puelles, entregó detalles de la querella que presentó el organismo por un presunto caso de tortura con connotación sexual asociado a un funcionario de Carabineros durante un procedimiento efectuado en Copiapó.
La acción judicial fue ingresada el pasado 23 de junio y se refiere a hechos que habrían ocurrido el 11 de mayo. Ese día, una mujer fue detenida tras una denuncia por violencia intrafamiliar y posteriormente fue trasladada hasta el Hospital Regional de Copiapó para realizar la constatación de lesiones.
De acuerdo a Puelles y en conversación con Atacama Noticias, en ese contexto uno de los policías habría incurrido en una serie de conductas que, a juicio del INDH, vulneraron gravemente la integridad de la víctima.
“El funcionario la traslada a una sala ubicada junto al área de urgencias, solicita las llaves del recinto y le indica que debe quitarse la ropa para efectuar la constatación de lesiones”, explicó el abogado.
Sin embargo, la mujer habría manifestado que no quería desvestirse debido a la vergüenza que sentía y al estado emocional en que se encontraba tras su detención. Pese a ello, según expone la querella, el uniformado habría extraído un teléfono celular, que sería de uso personal, cerrado las cortinas del lugar y tomado fotografías mientras efectuaba palpaciones en distintas partes del cuerpo de la víctima.
El representante del INDH añadió que los hechos no terminaron ahí. Según señaló, una vez que la mujer fue trasladada a la Segunda Comisaría de Copiapó, el funcionario habría obtenido su número de teléfono utilizando los datos recopilados durante el procedimiento.
Posteriormente, Puelles indicó que el carabinero comenzó a contactarla con insistencia con el fin de proponerle encuentros fuera del ámbito institucional.
“Le dice que podía ofrecerle ayuda y protección y, más adelante, la invita a sostener una conversación más informal para conocerse mejor”, relató.
Ante estos antecedentes, el INDH resolvió presentar una querella por el delito de tortura con agresión sexual, invocando el artículo 150 A del Código Penal, además de los tratados internacionales que obligan al Estado de Chile a prevenir y sancionar actos de tortura y violencia contra las mujeres.
Finalmente, Puelles manifestó que el organismo espera que la investigación avance con todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y que, en caso de acreditarse las denuncias, se determinen las responsabilidades penales correspondientes.