La Corte de Apelaciones de Arica decretó este jueves 11 de septiembre el arresto domiciliario total y el arraigo nacional para C.E.M.H. y C.M.M.V. Ambos, imputados por el Ministerio Público como autores del delito de asociación ilícita y otros delitos dentro del denominado caso Bienes Nacionales (BB.NN.).
La resolución fue emitida por la Segunda Sala del tribunal y revoca explícitamente lo resuelto previamente por el Juzgado de Garantía de la ciudad.
La nueva medida judicial surge luego de que el ente persecutor y el Consejo de Defensa del Estado presentaran una apelación. Consideraron insuficientes las medidas originales de arraigo nacional y firma mensual que se habían decretado para los imputados. La corte acogió los argumentos y decidió intensificar las cautelares.
Fundamentos de la decisión judicial
La corte señaló que concurren todos los requisitos que exige el artículo 140 del Código Procesal Penal. El documento sostuvo que los hechos imputados a los encartados son múltiples y graves. Además, al tratarse de funcionarios públicos, uno de los cuales se encontraría actualmente en servicio, se hace necesario intensificar las medidas.
“Se hace necesario intensificar las medidas cautelares decretadas por la juez a quo, estimándose que el arresto domiciliario total y el arraigo nacional, son necesarias y suficientes para asegurar los fines del procedimiento”, sostiene el fallo. Con esto, se revocó la resolución apelada solo en la modificación de las medidas para los imputados.
La trama de corrupción en Bienes Nacionales de Arica
Según la acusación del ente persecutor, diversos funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota se organizaron para utilizar sus cargos. La estructura habría operado para recibir sobornos de particulares a cambio de agilizar trámites. También se les acusa de proporcionar información interna antes de la notificación oficial y de manipular procesos en beneficio de intereses privados.
La investigación indica que, desde el año 2021, los imputados que laboraban en el servicio público se concertaron con consultores particulares. Actuaron de manera organizada, donde cada uno cumplía funciones determinadas y contaban con roles y tareas definidas. Su finalidad era dedicarse de manera sistemática a obtener pagos ilícitos de usuarios que requerían efectuar trámites de bienes fiscales.
Para lograr sus objetivos, la organización contaba con una estructura definida. Según detalló el ente persecutor, existían personas en la cima que cumplían los roles de líderes y recaudadores de dinero. Otros actuaban como intermediarios, incluyendo personas ajenas al servicio público. También había individuos externos que facilitaban los medios para recibir los pagos de dinero.
La Fiscalía describió una estructura con cuatro líderes. Existía un grupo de funcionarios que eran los brazos ejecutivos de la organización. Además, identificó a otros individuos que cumplían el rol de captadores, completando así una red destinada a perpetrar los ilícitos de forma sistemática y coordinada.
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