La Controlaría General República detectó un incumplimiento de las condiciones pactadas entre la Fundación Daya y la Municipalidad de Arica en un convenio suscrito en el año 2016, exigiendo a la repartición pública la devolución de casi 18 millones de pesos por no supervisar el cumplimiento de lo pactado.
Dicho monto corresponde a la subvención que otorgó la entidad pública a la fundación dirigida por Ana María Gazmuri, quien se comprometía a entregar medicamentos a base de cannabis para ser repartidos entre pacientes oncológicos, epilépticos y con dolor crónico, lo que a la fecha no se habría concretado.
El proyecto, que tendría como finalidad la implementación del Programa de uso Compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria y que proyectaba ir en beneficio de 4 mil pacientes, incluía 20 municipios, los que aportaron recursos públicos para desarrollar un cultivo en la región del Maule, pero hasta hoy no se sabe qué ha ocurrido con el resto de estas alcaldías.
El informe afirmó que, si bien el municipio revisó la rendición presentada por la fundación, dicha corporación edilicia no aplica un control y supervisión cabal de la ejecución del convenio y se detectaron diversos gastos que no cuentan con la totalidad de la documentación de respaldo, inexistencia de expediente original de la rendición de cuentas, que no existen antecedentes del cumplimiento de diversas estipulaciones contenidas en el mencionado acuerdo de voluntades, entre otros.
